FGR solicita ratificar Convenio de Budapest

La Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa se reunieron con representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), para analizar la necesidad de actualizar la Ley Especial contra los delitos informáticos y conexos.

En la mesa legislativa, los representantes de ambas instituciones coincidieron en que una de las desventajas que tiene El Salvador para combatir este flagelo es que no está adherido al Convenio de Budapest. Este tratado internacional —que data de 2004 y tiene más de 50 Estados miembros— busca enfrentar los delitos informáticos, así como los que se cometen por internet, mediante la armonización de leyes, la mejora de las técnicas de investigación y la cooperación entre los países adscritos.

Dicho Convenio está compuesto de cuatro capítulos en los que se establecen tres ejes esenciales para enfrentar el problema: se definen los delitos y se clasifican, se abordan las normas procesales y se determinan las reglas de cooperación internacional.

En este último punto se definen los mecanismos de cooperación para investigar cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o informáticos. Asimismo, incluye disposiciones acerca de la localización de sospechosos, recolección o envío de evidencia digital y todo lo referente a la extradición.

Néstor Guzmán, representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la FGR, explicó en la mesa de trabajo la necesidad de modificar la normativa y adaptarla a la realidad actual para que las instituciones sean más eficientes y den respuesta a las víctimas.

Su colega Roxana Reales agregó que para perseguir estos delitos la institución necesita herramientas legales. Entre ellas mencionó la incorporación de la evidencia digital en el desarrollo de la investigación y la revisión de penas.

Actualmente, a quienes cometen delitos tecnológicos se les imponen castigos de entre uno y cinco años de cárcel, con la posibilidad de que se les pueda reemplazar con trabajos de utilidad pública.