FGR presentó dictamen de acusación en contra de exalcalde de Sacacoyo por Corrupción

Fiscales de La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción presentaron dictamen de acusación ante el Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Sonsonate, en contra del exalcalde municipal de Sacacoyo, Pedro Leopoldo Montoya.

En el dictamen se incluyen a algunos miembros del exconcejo municipal: Miguel Ángel Luis García Hernández, extesorero; Kelly Alexander Palacios Muñoz, quien fungía como síndico, y Ronald Alexander Villalobos, exconcejal o exregidor, así como en contra de 31 personas particulares.

De acuerdo a la información brindada por la representación fiscal, al exalcalde se le acusa de haber cometido los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, así como por lavado de dinero y activos -por $13,500 dólares-. Siempre por el delito de peculado se acusa a la exsíndico y también al exregidor.

Asimismo, al extesorero se le culpa de apropiarse y retener cuotas laborales, así como el cometimiento de falsedad documental agravada, falsedad ideológica, peculado y estafa; por este último delito también se le acusa 31 personas particulares más, a quienes García Hernández les extendía constancias de trabajo falsas y con estas solicitaban préstamos en el sistema bancario nacional, posteriormente, él firmaba las respectivas órdenes de descuento de los supuestos trabajadores municipales. El respectivo banco otorgó cerca de 31 créditos a estas personas ante la aparente legalidad de la documentación. La estafa es por $450 mil dólares, aproximadamente.

Para quienes se hicieron pasar por empleados municipales se les atribuyen los delitos de uso y tenencia de documentos falsos, en concurso ideal del delito de estafa y peculado en calidad de cómplice.

Los exfuncionarios municipales cometieron los ilícitos en el período 2016-2019, y fueron elegidos por los electores bajo el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Producto del cometimiento de todos esos ilícitos, se totaliza aproximadamente US$500,000. 00, recursos que la Fiscalía General de la República (FGR) busca que sean devueltos al Estado salvadoreño.