FGR anuncia nuevas reformas a la instructivo para la prevención del lavado de dinero

La Fiscalía General de la República ha anunciado una serie de reformas al Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Estas reformas responden a la necesidad de adecuar las regulaciones locales a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI ha identificado Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que deben cumplir con medidas específicas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este contexto, la Fiscalía considera necesario establecer medidas adecuadas y proporcionales para los sectores de la economía que, aunque no sean APNFD, están catalogados como sujetos obligados en estas materias.

Entre las reformas propuestas, se aumenta la regulación relativa a la obligación de verificar la identidad del cliente antes de establecer cualquier relación comercial, asegurando que esta verificación se realice mediante documentos de identidad oficiales emitidos por las autoridades competentes. Asimismo, se introduce la necesidad de identificar y verificar la identidad del beneficiario final de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.

Otro aspecto relevante de las reformas es la aplicación de medidas de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los clientes o usuarios. Esto se aplicará en situaciones como el inicio de relaciones comerciales, transacciones ocasionales por encima de umbrales establecidos y en casos de sospecha de actividades ilícitas.

En el contexto de las transferencias electrónicas, se destaca la inclusión de la «Regla de Viaje», que establece la obligación de las instituciones financieras de contar con información precisa sobre los participantes en estas transferencias a lo largo de toda la cadena de pago. Este enfoque busca fortalecer la trazabilidad de las transacciones y la prevención de posibles delitos financieros.