Judicial
Exdiputado Rodolfo Parker y su familia deberán devolver al Estado más de $1.6 millones por enriquecimiento ilícito
El exdiputado y abogado Rodolfo Antonio Parker Soto y varios miembros de su familia fueron condenados por enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado salvadoreño poco más de $1,6 millones, luego de que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador determinara que no pudieron justificar el origen de dicho incremento patrimonial.
La sentencia también incluye la inhabilitación de Parker para ocupar cargos públicos durante los próximos diez años, en un fallo que marca un nuevo paso en los esfuerzos por combatir la corrupción en el país.
El proceso judicial analizó los ingresos, bienes y movimientos financieros del exlegislador y su entorno familiar, correspondientes al período entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2021, tiempo en que Parker ejerció como diputado por tres periodos consecutivos, representando al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y posteriormente al Partido La Esperanza (PES).
Según la resolución, aunque los demandados lograron justificar parte de sus finanzas, el tribunal concluyó que existía un aumento injustificado en su patrimonio, y por tanto ordenó la devolución de los montos siguientes:
- Rodolfo Parker Soto: $516,174.49
Cristina Renate Wein de Parker (esposa): $330,939.22 - Andrés Rodolfo Parker Wein (hijo): $731,123.88
- Sofía Cristina Parker Wein (hija): $19,700
- Katya Renate Parker Wein (hija): $82,980.76
La Fiscalía General presentó las pruebas que sustentaron la demanda por enriquecimiento ilícito, de acuerdo al informe judicial. La Cámara resolvió el caso de manera parcial, es decir, reconoció que algunos señalamientos fueron desvirtuados, pero consideró suficientes los elementos que confirmaban irregularidades financieras sin sustento legal.
Este caso se suma a otros procesos en los que exfuncionarios salvadoreños enfrentan la justicia por uso indebido de recursos públicos. El fallo contra Parker, figura histórica del PDC, se interpreta como una señal de que los mecanismos institucionales de control patrimonial están siendo aplicados con mayor rigor.