ENTREVISTA PRINCIPAL A MARÍA ANTONIETA JOSA DE PARADA, PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

María Antonieta Josa de Parada, es presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura desde 2016. La abogada que tiene una trayectoria de más de 20 años como docente, fue propuesta por las universidades privadas para ser consejal. Al final del proceso, fue escogida como presidenta consejal para el periodo 2016-2021.

¿Cuál es su preparación académica y profesional?

Soy abogada de la República de El Salvador graduada de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y egresada de la Maestría en Estudios Judiciales, del asocio entre la Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad Católica de El Salvador y Universidad Dr. José Matías Delgado. Actualmente estoy estudiando una maestría en Políticas Anticorrupción.

He sido beneficiada con becas de estudio en el exterior, en Programas de Formación Judicial Iberoamericana, auspiciados por el Poder Judicial de Espatña. Además, cursos especializados en: Jurisdicción Social y el Nuevo Derecho del Trabajo, Criminología y Justicia Penal Juvenil; Reflexiones sobre la jurisdicción de la infancia y adolescencia, Formación a Formadores y Equipos Gestores de Escuelas Judiciales y Espacio Judicial Iberoamericano: Acceso a la Justicia, entre otros.
¿Cuáles han sido los retos y ventajas de ejercer la docencia en las universidades?

El reto más grande fue llevar a cabo la capacitación sobre el nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional a todo el funcionariado Judicial con competencia penal, Auxiliares Fiscales y Defensores Públicos, ya que formé parte del equipo de capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura en 1997. En ese mismo año, tuve la oportunidad de ser formada en el uso y manejo de las Técnicas de Oralidad propias de los sistemas orales adversariales, en la Universidad de Puerto Rico, con la ventaja de formar parte de ese otro equipo de facilitadores, encargados de implementar el uso adecuado de la oralidad en el proceso penal salvadoreño vigente a partir de abril de 1998.

Una de las ventajas del ejercicio docente es que me dio la oportunidad de desarrollarme en el ámbito académico, no solo impartiendo clases en diversas universidades y escuelas de derecho del país, sino también como asesora de tesis, examinadora de privados, conferencista tanto a nivel nacional como regional. De tal forma que el trabajo de asistencia técnica a la Comisión de Universidades Privadas de Nicaragua (CONADER) para la elaboración de los programas tipos para las asignaturas de derecho laboral, procesal laboral y derecho colectivo, valió entre otros aspectos, para ser reconocida por la Universidad Pablo Freire de Nicaragua con el Doctorado Honoris Causa en la rama de Humanidades.

La ventaja más significativa que me ha dado la docencia universitaria fue haber sido postulada para optar al cargo de Consejera del CNJ en representación de las Universidades Privadas. Y fue en la Asamblea General de 2016 donde obtuve el mayor número de votos y pasé a encabezar la terna de aspirantes propietarios al CNJ por parte de las universidades privadas. Terna que fue remitida a la Asamblea Legislativa, donde me eligieron como consejera propietaria del CNJ en representación de las universidades privadas para el periodo 2016-2021.

En la actualidad ejerzo la docencia en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales de la Universidad Dr. José Matías Delgado, de la Universidad de Sonsonate y de la Escuela de Derecho de la ESEN impartiendo la cátedra de Técnicas de Oralidad.

Ha estado al frente del CNJ desde 2016. ¿Cómo ha sido el reto de manejar una institución que supervisa y prepara a los jueces de El Salvador?

El reto ha sido grande, porque desde el momento de asumir la responsabilidad de dirigir a tan importante Institución, garante y auditora de la democracia de forma transparente, con el manejo adecuado de los fondos públicos; procurando modernizar las funciones sustantivas de selección y de evaluación del desempeño judicial y de alcanzar niveles de profesionalización del funcionariado judicial por medio de su Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”, requiere no solo del compromiso institucional y de país, sino también de disciplina, de arduo trabajo y esfuerzo. De contar con un equipo técnico y administrativo igualmente comprometido, calificado y esforzado; y sobre todo de alcanzar consensos basados en el dialogo procurando el bienestar institucional y de la ciudadanía en general.

¿Cuáles han sido los avances realizados en el CNJ desde que usted está al mando?

Los avances han sido significativos y sometidos a escrutinio de la ciudadanía por medio de los actos de rendición de cuentas, que son públicos y transparentes. Desde el punto de vista administrativo, a la presidencia le corresponde la dirección de las operaciones institucionales del Consejo, actuando como superior jerárquico dentro de la institución con énfasis en lo administrativo y financiero, asegurando la eficaz ejecución presupuestaria. A lo largo de estos primeros tres años de gestión, han sido muchos los esfuerzos que han propiciado lo que se conoce como “buenas prácticas” mencionaré las más significativas y de mayor impacto. Las buenas prácticas en la administración del CNJ, ha permitido alcanzar resultados considerados sustanciales en la ejecución presupuestaria de este periodo es de 94.52%.

En el rubro de inversiones, destaco entre otros proyectos estratégicos, el moderno Centro de Datos que se impulsó con el apoyo técnico de la Unidad de Informática, el cual constituye un importante legado para nuestra institución y fue logrado con Fondos GOES. Así mismo, se actualizó la normativa institucional, tanto en las áreas sustantivas como en aspectos de administración y financieros.

De esta forma, En el año 2017 se llevó a cabo el diseño e implementación de un nuevo manual de selección, el cual cumple con estándares internacionales. Con este instrumento se llevó a cabo el proceso de selección a magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia y que culminó el 16 de mayo de 2018 con la entrega de la nómina de profesionales aspirantes a las magistraturas de la CSJ a la honorable Asamblea Legislativa. Este se rige por principios propios del estado de derecho y que garantizan la transparencia, objetividad, igualdad e idoneidad.

Otro de los logros alcanzados está relacionado a la función sustantiva de evaluación judicial, se trabajó en el año 2018 un nuevo Manual de Evaluación, que contó con el apoyo técnico de consultores que trabajaron de forma conjunta con la unidad técnica de evaluación; dando un salto de calidad en la manera de medir el rendimiento laboral y principalmente de servicio de la administración de justicia, otorgada exclusivamente a magistrados/as de Cámara de Segunda Instancia, Jueces/zas de Primera Instancia y de Paz.

Con relación a la función sustantiva de capacitación al funcionariado judicial, en el año 2018 se actualizaron los estatutos de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” y conforme al plan estratégico vigente (2018-2022) se fortalecieron las habilidades y destrezas así como los conocimientos del funcionariado judicial por medio de los programas de especialización, que son los idóneos para incrementar el nexo entre la capacitación y las decisiones interinstitucionales sobre la carrera judicial. Este es uno de los sentidos esenciales de la formación para jueces y es una de las mejores formas de lograr impactos concretos en el funcionamiento del sistema de justicia.

Sobre el proceso de elección de aspirantes a la magistratura para la CSJ, ¿qué mecanismos van a actualizar para hacer más eficiente el proceso?

Ello será una decisión del Pleno del Consejo, pero debemos tomar en cuenta algunas de las sugerencias que organizaciones de la sociedad civil, del demo de funcionarios judiciales, de expertos internacionales con experiencia como observadores de procesos similares en otros países, del gremio de abogados y de la autoevaluación que he realizado del proceso anterior, entra las cuales están:

1. Actualizar el registro de abogados que remite la CSJ al CNJ, para ello, hemos suscrito carta de entendimiento con el RNPN.

2. Valorar definir en una sola disposición lo relativo al perfil de Magistrado/a de CSJ, pues actualmente se regula lo relativo al perfil, pero basado en cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

3. La posibilidad de regular con criterios materiales objetivos como la temporalidad, grado de vinculación o frecuencia lo relativo a la vinculación política partidaria de tipo material, con ello, se superaría que dicho análisis lo realice el Pleno del Consejo, al momento de la votación y se le dotaría de mayor contenido al concepto de vinculación material.

4. Analizar la posibilidad de habilitar canales para que la sociedad civil presente información útil y relevante sobre posibles conflictos de interés de los aspirantes, específicamente posterior a la publicación de la lista de preseleccionados, fijando un plazo para recibir la información y para que el Pleno las resuelva y notifique. Considerar regular de forma expresa que la ciudadanía en la fase de entrevista pueda canalizar preguntas por escrito o de forma verbal al aspirante.

5. Ampliar el tiempo para la entrevista.

6. Normar el proceso de deliberación y votación de tal forma que permita darle mayores herramientas al Pleno del Consejo para su desarrollo.

7. Uno de los momentos más complejos de todo el proceso de selección de magistrados/as para la CSJ, fue la etapa de deliberación y votación de la lista de candidatos /as, por la carga de tensión que involucró, ya que fue pública y transmitida en vivo. En esta etapa del proceso el desafío más grande fue el deber de motivación de la decisión, en tanto que es el momento del ejercicio de la discrecionalidad, y que como tal para que sea legitima debe ser motivada, es decir, dar razones a favor o en contra del candidato/a.