Entrevista principal: Henry Orellana, socio de la firma Iuspublik

Henry Orellana es doctor en Derecho por la  Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) y tiene un máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios.

Desde 2007, el Dr. Orellana forma parte de una de las firmas más importantes y referentes en derecho administrativo de la región: Iuspublik.

En el año 2007, el Dr. Mena Guerra me dio la oportunidad de ingresar al mundo laboral. Él es mi mentor y maestro. Comencé como su colaborador y poco a poco me dio más confianza y responsabilidades en el manejo de casos y clientes. En el 2012, él tuvo la visión de reestructurar la oficina para pasar de un despacho unipersonal a una firma de abogados, sin perder la esencia o idea que nos sostiene hasta el día de hoy: una firma especializada en derecho administrativo que ofrece soluciones integrales. En ese momento pasé a ser socio de Iuspublik.

Posteriormente, Adán Lemus se unió al equipo. Debido a su alta capacidad académica, laboriosidad, pero sobre todo por sus cualidades personales, rápidamente se convirtió en socio.

Resumo así mi trayectoria porque Iuspublik es un proyecto de los 3. Lo que soy no puede explicarse sin la ayuda y apoyo del Dr. Mena Guerra y Adán Lemus. Durante este proceso también he contado con la confianza de nuestros clientes y amigos, quienes vieron más allá de mi edad y me permitieron servirles.

¿Qué es Iuspublik?

Es una firma especializada en derecho administrativo. Nuestro equipo combina experiencia y juventud. Además de los tres socios, contamos con tres abogados asociados: Carlos Castillo, Miguel Aguilar y José Luis González. Ninguno supera los 27 años y comparten con nosotros el gusto por el derecho administrativo y las cosas bien hechas. Estudian y trabajan muy duro en cada caso y son partícipes de todos los logros de la oficina. El equipo se complementa con un staff de abogados externos en derecho notarial, ambiental y aeronáutico.

Brindamos servicios de consultoría, arbitraje y capacitaciones. Pero nuestro producto estrella son las demandas contra el Estado. Nos esforzamos por pulir nuestros escritos para que quien decide, entienda cuál es el fundamento de nuestra pretensión y la dimensión del derecho que nuestros clientes reclaman. Esto se ve reflejado en las audiencias. Estudiamos cada caso para sintetizar adecuadamente las ideas.Lo anterior se complementa con actividades académicas. Los tres socios somos profesores de postgrado, maestría y doctorado. También realizamos labores de investigación. El último de estos proyectos se materializó en el libro “Temas de Derecho Administrativo Sancionador”, publicado en 2019 por la Editorial Jurídica Salvadoreña. En nuestra página web le damos mucha importancia a la sección de publicaciones en donde compartimos artículos sobre derecho administrativo.

 

Usted es docente a nivel de maestría y doctorado. ¿Cuál es la importancia de prepararse más allá de una carrera universitaria?

El derecho cambia todos los días: nuevas teorías, nuevas sentencias, nuevos libros, nuevas leyes, etc. Es imposible saber todo, pero debemos aspirar a saber un poquito más que ayer. No por el simple ánimo academicista o vanidad, sino porque somos abogados y nos ganamos la vida resolviendo problemas de terceros. Los nuevos conocimientos que se adquieren son herramientas. Si estudia más, tiene más herramientas para afrontar y solventar problemas.

La UJMD me brinda la oportunidad de enseñar en su programa de Doctorado en Derecho Privado y en la Maestría en Derecho Administrativo. También participo en cursos especializados de derecho administrativo impartidos por otras universidades e instituciones. Esto me permite compartir con varias generaciones de abogados, desde recién graduados hasta colegas con bastantes más años de experiencia que yo. Y en cada clase o curso, siempre hay una pregunta nueva, un enfoque que no había considerado, o una sentencia que no conocía y un alumno comparte. Todo eso enriquece y nos ayuda mejorar a los que estamos en el aula.

En el contexto sobre la pandemia, la mayoría de firmas legales han hecho home office, ¿qué piensa sobre esta modalidad?

Creo que el home office y la utilización de herramientas tecnológicas llegaron para quedarse. Ya aprendimos que podemos tener reuniones, igual o más eficientes, desde nuestras oficinas o casas, ¿por qué vamos a querer meternos al tráfico una hora para tener una reunión de 30 minutos?

Y no solo las firmas de abogados, el Órgano Judicial ha hecho una apuesta decidida por implementar las TIC´s y hacer más eficiente su función. En Iuspublik tuvimos el honor de participar en la primera audiencia telemática en materia contencioso administrativa en el Juzgado de Primera Instancia de Santa Ana. Todo se desarrolló de manera adecuada, habida cuenta que el tribunal tomó las previsiones para que la audiencia fuera un éxito. También la Sala de lo Contencioso Administrativo ya está celebrando audiencias telemáticas. Espero que la transformación digital del Órgano Judicial siga su curso, con o sin pandemia. Los actuales magistrados de la CSJ deben cuidar e impulsar este proyecto porque es su legado.

 

¿Qué opinión le merecen las audiencias en materia contencioso administrativo?

La oralidad es uno de los avances procesales más importantes introducidos por la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) y que ha sido bien recibido por los administrados, administración pública, FGR  y tribunales.

Las audiencias se han ido tecnificando, se emplean equipos de proyección para facilitar la exposición, las dinámicas de interrogatorios y alegatos finales son bien utilizadas. Los abogados de la administración pública no se han quedado atrás y demuestran conocimiento y que preparan sus audiencias a conciencia. Los fiscales auxiliares intervienen de manera adecuada, con sendas exposiciones fundadas en doctrina y jurisprudencia de vanguardia. Por su parte, los tribunales se han tomado su papel muy en serio y manejan sus audiencias como mucho tino, respetando los derechos de ambas partes y tratando con dignidad a todos los usuarios. Además, no se han quedado atrás ante la nueva realidad y ya están implementado audiencias telemáticas.

Según su conocimiento, ¿cuál es la situación actual de la administración pública?

La administración enfrenta el reto de implementar la nueva Ley de Procedimientos Administrativos. En su mayoría, hemos visto una buena actitud y entendimiento. Los servidores públicos han asumido que están frente a una oportunidad de mejorar y se esfuerzan por aplicar este nuevo cuerpo de normas. Hay más conciencia sobre su papel en la prestación de servicios que benefician a la población.

Hay casos de funcionarios y empleados que se resisten a la aplicación de la LPA, pero creemos que es por desconocimiento y temor infundado. Algunos creen que si la aplican, entonces estarán sujetos a la responsabilidad patrimonial. Pero lo cierto, es que los funcionarios y empleados públicos pueden ser responsables patrimonialmente apliquen o no la LPA, de hecho, esta es una institución que nace en el art. 245 Cn. Por ello, creo que los servidores públicos tienen mejores oportunidades de salir bien librados si aplican la LPA.

El derecho administrativo en sí mismo considerado, está en auge porque es la materialización del derecho constitucional. Las normas del derecho administrativo son el desarrollo directo de las distintas disposiciones constitucionales y sirve como instrumento para que el ciudadano obtenga la protección de sus derechos.Cuando la Asamblea Legislativa aprobó las nuevas LJCA y LPA, dotó a los administrados de armas para defenderse en contra de los abusos del poder. El espíritu de estos dos cuerpos no es proteger al Estado ni a sus funcionarios. Es brindar reglas claras que rijan la relación administración pública – ciudadano y en la medida que este último se empodera y exige el respeto de sus derechos, avanzamos como sociedad en la construcción del Estado de Derecho.

Está en auge el derecho tributario que se aplica desde las normas generales del derecho administrativo. Lo mismo que el acceso a la información pública, la ética pública, derecho de consumo, la contratación administrativa, derecho de competencia. Todos tienen como denominador común el régimen de derecho administrativo.

¿Cuáles son las consideraciones a tres años de la entrada en vigencia de la LJCA?

El balance es positivo. Como en todo, hay mucho por mejorar, pero se avanza por el buen camino. Los primeros dos años han servido para que los tribunales funden las líneas generales sobre las cuales basan sus criterios.

Sala, Cámara y Juzgados han emitido precedentes importantes que vienen a llenar de contenido la LJCA, las distintas leyes sectoriales y los derechos que estas regulan. Figuras como la nulidad de pleno derecho, el agotamiento de la vía administrativa, la legitimación pasiva de los funcionarios, la responsabilidad patrimonial, entre otras instituciones; no se entienden en su correcta dimensión si antes no se estudia la jurisprudencia que las interpreta y aplica.

Además, la LJCA ha tenido un efecto positivo en la academia: nunca se habían escrito tantas obras de derecho administrativo como en los últimos dos años y medio. Y en eso juegan también un papel importante, las universidades como la UJMD que mantiene una apuesta decida por la investigación y publicación a través de sus programas de doctorado y maestría.

¿Cuál ha sido el impacto de la LPA a poco más de un año de su vigencia?

La LPA ha influenciado de manera positiva a las distintas administraciones. Son más frecuentes los casos de declaratorias de prescripción o caducidad en sede administrativa, aceptación a trámite procesos de declaratoria de nulidad de pleno derecho, entre otros que antes de 2019 hubiesen resultado impensables. Eso demuestra que la LPA tiene un impacto positivo que beneficia a los usuarios de los servicios públicos.

Falta operativizar algunos aspectos importantes, sobre todo los principios de la buena regulación, la evaluación de impacto regulatorio y el procedimiento para la aprobación de normas. En este punto, de manera simbiótica a la LPA, encontramos la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, que si bien ya están en vigencia, carecen aún de la estructura necesaria para su implementación. Quizá la debilidad más grande es la falta de nombramiento de los titulares del Tribunal de Mejora Regulatoria. El derecho administrativo salvadoreño se ha caracterizado por su dispersión y atomización. Por ello es tan importante echar a andar estas normas a brevedad.