Entra en vigor dispensa de la Ley de Compras Públicas en proyectos turísticos

Las disposiciones transitorias que permiten a la administración pública realizar adquisiciones, contrataciones y pagos de obras, bienes y servicios relacionados con proyectos de turismo sin seguir la Ley de Compras Públicas, han entrado en vigor, después de su publicación en el Diario Oficial.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con dispensa de trámite estas medidas, las cuales fueron presentadas como una iniciativa del presidente de la República. Estas disposiciones tienen como objetivo establecer reglas para la adquisición, contratación y pago de obras, bienes y servicios relacionados con proyectos de turismo.

Esto se hace con el argumento de priorizar la excepcionalidad, la prioridad, la celeridad y la urgencia, mientras se resguarda la racionalidad del gasto público, la ética y la eficiencia.

Las disposiciones permiten la adjudicación por conexión, lo que significa que se escogerán preferentemente personas naturales o jurídicas que hayan demostrado capacidad y celeridad en contrataciones anteriores con la administración pública o que estén ejecutando proyectos estratégicos de utilidad pública. El proceso de adjudicación por conexión bastará con la comunicación y aceptación de los contratistas.

El pago de las obligaciones derivadas de los procedimientos se realizará una vez que los bienes o servicios hayan sido recibidos a satisfacción por la supervisión o el designado por la institución contratante, previo a la tramitación por el contratista ante la Unidad Financiera Institucional. También se permiten anticipos, los cuales estarán respaldados por una garantía.

Estas disposiciones especiales también establecen la posibilidad de otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos relacionados con adquisiciones y contrataciones, con carácter excepcional, cuando produzcan efectos favorables al interesado y no lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

Cabe destacar que la administración pública queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad, limitándose esta a las personas naturales o jurídicas que participen en la ejecución de los proyectos. Estas medidas tendrán un período de vigencia de seis meses.