El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a colocarse en el centro del debate regional al plantear oficialmente una propuesta de intercambio de prisioneros al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. La iniciativa, que ha generado reacciones encontradas, busca repatriar a más de 250 venezolanos detenidos en el país centroamericano a cambio de un número similar de presos políticos actualmente encarcelados en Venezuela.

La propuesta fue dada a conocer por el propio mandatario salvadoreño a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde también compartió el documento oficial remitido por la Cancillería salvadoreña al Ejecutivo venezolano. En la carta, fechada el 22 de abril en Antiguo Cuscatlán y con número de referencia MRREE/0091/2025, se establece la voluntad de El Salvador de facilitar la repatriación de 252 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, los detenidos están bajo custodia por su presunta relación con el grupo criminal transnacional conocido como “Tren de Aragua”, y habrían llegado al país como parte de recientes deportaciones desde Estados Unidos.

La propuesta incluye además la liberación de otros 50 reclusos de distintas nacionalidades como parte de una “operación humanitaria de mayor alcance”, según detalla el documento.

La reacción de Maduro, quien no ha aceptado hasta ahora el ofrecimiento, fue criticada duramente por Bukele. “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?”, cuestionó el presidente salvadoreño en alusión al canje previo entre el empresario colombiano Alex Saab y 30 opositores presos en Venezuela.

Bukele también puso en duda la sinceridad del gobierno venezolano en cuanto al interés por sus ciudadanos detenidos en El Salvador. “¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, preguntó.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta salvadoreña. El gobierno de Bukele, por su parte, reiteró su disposición a establecer los mecanismos técnicos necesarios para concretar el intercambio, si Caracas decide aceptarlo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un dictamen favorable que permitirá incorporar $24 millones al presupuesto general de 2025, destinados a dar inicio al Programa Integral de Seguridad Hídrica en la cuenca del río Lempa. Esta inversión representa el primer desembolso de un compromiso financiero más amplio que se extenderá durante dos décadas.

Los fondos provienen del Acuerdo de Fondeo para Conservación, una iniciativa respaldada por organismos internacionales y estructurada en torno a un fideicomiso dedicado a la restauración y protección del afluente más importante de El Salvador.

Desembolso inicial y plan de largo plazo
El monto aprobado corresponde a un único pago de $24 millones, distribuidos en dos fases: $12 millones en abril y otros $12 millones en octubre de 2025. A partir de 2026 y hasta 2044, el gobierno realizará transferencias semestrales promedio de $17.5 millones, todas en concepto de conservación ambiental.

Los recursos serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para la Conservación y Restauración del Río Lempa, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica, preservar los ecosistemas y garantizar el acceso sostenible al agua para futuras generaciones.

Recursos provienen de manejo de deuda
Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, explicó que este primer aporte fue posible gracias a ahorros generados por operaciones de manejo de pasivos durante 2024, lo que permitió activar el compromiso del Ejecutivo con el fideicomiso ambiental.

Este esfuerzo se enmarca en una autorización otorgada en mayo de 2024, cuando la Asamblea Legislativa habilitó al Ejecutivo a gestionar títulos valores por hasta $1,500 millones.

De ese monto, $1,000 millones fueron proporcionados por JPMorgan Chase Bank como nueva deuda, respaldada por la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos, y con garantía de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

Próximo paso: aprobación en el pleno
La incorporación presupuestaria de los primeros $24 millones deberá ser ratificada en la sesión plenaria del próximo 24 de abril. De ser aprobada, marcará el inicio de una inversión histórica para la seguridad hídrica y ambiental del país, con el río Lempa como eje central de la estrategia de conservación a largo plazo.

Este programa busca, además, generar beneficios sociales y económicos en las comunidades que dependen del río, considerado vital para el abastecimiento de agua, la agricultura y la biodiversidad en gran parte del territorio salvadoreño.

En una acción poco común, cuatro congresistas demócratas de Estados Unidos aterrizaron este lunes en El Salvador para exigir el regreso a casa de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado pese a contar con protección legal contra la expulsión.

Los representantes Maxwell Frost (Florida), Robert García (California), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter (Oregón) afirmaron que su visita busca facilitar el retorno de Ábrego García, actualmente detenido en una prisión salvadoreña, y enviar un mensaje claro a la administración Trump: el debido proceso no es opcional.

“Donald Trump y su administración están ejecutando un programa de secuestro financiado por el gobierno, arrestando ilegalmente, encarcelando y deportando a personas inocentes con cero debido proceso”, denunció el congresista Frost a través de un comunicado.

Un error que llegó hasta la Corte Suprema
Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado el 15 de marzo pese a contar con una orden judicial que bloqueaba su expulsión. El joven migró a Estados Unidos desde El Salvador a los 16 años huyendo de la violencia de pandillas, y según sus abogados, nunca ha sido acusado ni condenado por delito alguno.
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en el caso y ordenó su retorno, luego de que el propio gobierno estadounidense reconociera que su deportación fue el resultado de un error administrativo. Sin embargo, desde entonces, las autoridades de la administración Trump han desafiado la decisión del máximo tribunal.
El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que Ábrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, una acusación basada en una “fuente confidencial” y que ha sido desmentida por sus defensores legales.

Tensiones entre poderes y discursos contrapuestos
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt rechazó las acusaciones de deportación ilegal y defendió la postura oficial.

“No cometimos un error. Siempre hemos sostenido que se trataba de un individuo que debía ser deportado de nuestro país”, aseguró este lunes en una entrevista con Fox News.

El caso ha generado una fuerte tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, mientras el Congreso demócrata intenta ejercer presión política y mediática para hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema.

Una visita con eco político
La semana pasada, el senador Chris Van Hollen, del estado de Maryland —donde residía Ábrego García—, también viajó a El Salvador y logró reunirse con el joven salvadoreño, pidiendo su liberación inmediata.
La visita de los congresistas ocurre en un contexto político delicado en Estados Unidos donde las políticas migratorias de la administración Trump han vuelto a colocarse en el centro del debate público. El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo del riesgo de errores graves en el sistema de deportaciones y del impacto de las decisiones ejecutivas en la vida de miles de migrantes.

En una jugada inesperada en el tablero regional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este domingo al gobierno de Venezuela un canje de prisioneros que mezcla política, migración y derechos humanos. A través de un mensaje en la red social X, Bukele propuso al mandatario venezolano Nicolás Maduro un acuerdo que permitiría la repatriación de 252 venezolanos detenidos en su país, tras ser deportados por Estados Unidos, a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos encarcelados en Venezuela.

“Usted ha dicho en varias ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad”, escribió Bukele, al tiempo que propuso un “acuerdo humanitario” que permita devolver a esos 252 migrantes –detenidos en El Salvador por estar presuntamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua– a cambio de igual número de opositores presos por el régimen chavista.

Bukele, que en su publicación evitó referirse a Maduro como “presidente”, dejó claro que su gobierno no reconoce la legitimidad del líder venezolano tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

“Nosotros no tenemos presos políticos”, dijo tajante el mandatario salvadoreño. “Estos ciudadanos están presos por delitos graves, como homicidios y violaciones, no por pensar distinto”.

Entre los nombres que mencionó en su propuesta figuran reconocidos presos políticos como el periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel, y Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González. 

Bukele también pidió por la liberación de Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado, así como por cuatro dirigentes asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

Además, amplió su solicitud para incluir a casi medio centenar de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, provenientes de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, México, Irán y Ucrania.

Según explicó, los venezolanos detenidos en El Salvador fueron capturados como parte de una operación conjunta con Estados Unidos para desmantelar redes criminales transnacionales. Muchos de ellos, afirmó, están ligados a estructuras como el Tren de Aragua.

La propuesta, que será enviada oficialmente por la Cancillería salvadoreña al gobierno de Caracas, se presenta en un momento en que aumentan las denuncias internacionales contra el régimen de Maduro por represión y detenciones arbitrarias.

“Dios bendiga al pueblo de Venezuela”, cerró su mensaje Bukele, dejando en manos del régimen chavista la decisión de aceptar o no el intercambio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes durante una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, que Estados Unidos enfrenta “un problema con el crimen y el terrorismo”, y ofreció el apoyo de su país para hacerle frente.

“Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos”, expresó Bukele desde el Despacho Oval, donde también calificó como un honor reunirse con el “presidente y líder del mundo libre”.

El encuentro entre ambos líderes se centró en los acuerdos bilaterales sobre migración. Esta es la primera visita oficial de Bukele a la sede presidencial en Washington, después de que Trump comenzara su segundo mandato en enero de 2025.

Durante la reunión, Bukele destacó la mejora en la seguridad de su país. “Antes éramos la capital mundial del asesinato. Ahora somos el país más seguro de América Latina”, afirmó. “Algunas veces se dice que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que de hecho liberamos a millones”.

La cooperación entre ambos gobiernos incluye un polémico acuerdo que permite el envío de migrantes expulsados de EE.UU. hacia El Salvador, donde son retenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad. A cambio, el gobierno salvadoreño recibiría hasta seis millones de dólares anuales.

La administración Trump ha justificado las deportaciones en el marco de su ofensiva migratoria contra la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, un análisis del portal Bloomberg reveló que el 90 % de los más de 200 migrantes retenidos en El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño deportado por error desde EE.UU. y actualmente recluido en el CECOT. Pese a que la Corte Suprema estadounidense ordenó facilitar su retorno, Bukele rechazó esa posibilidad y lo calificó como un “terrorista”.

“¿Cómo puedo introducir a un terrorista de contrabando en Estados Unidos? Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda”, respondió Bukele ante la prensa.

El Departamento de Estado confirmó que Ábrego García se encuentra bajo custodia salvadoreña y “en buen estado”, aunque subrayó que El Salvador tiene plena soberanía sobre su detención. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, señaló desde la Casa Blanca que corresponde al gobierno salvadoreño decidir si permite el retorno del migrante.

A pesar de la orden judicial, Bukele sostuvo que su administración no puede revocar una deportación definitiva ni actuar fuera del marco legal de su país.