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¿En que consiste la Política de Ciberseguridad de El Salvador?
Recientemente la Presidencia de la República publicó la «Política de ciberseguridad de El Salvador», normativa que establece líneas de acción y estratégicas enfocadas en la prevención de riesgos cibernéticos.
La normativa establece la aplicación de diferentes estrategias enfocadas en en establecer una coordinación nacional para la gestión de ciberseguridad, así como las líneas de acción a desarrollar para aumentar las capacidades en ciberseguridad.
Entre las estrategias está la creación de la entidad coordinadora de ciberseguridad a nivel nacional, entidad encargada de coordinar los apoyos en todos los sectores interesados, de tal suerte que se logre una colaboración intersectorial en la temática de ciberseguridad, entre el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la sociedad civil.
La entidad coordinadora de ciberseguridad trabajará por establecer las líneas de acción y desarrollar las acciones que sean necesarias para que las estrategias planteadas en esta política se lleven a cabo.
Así también, se establece la creación de campañas de educación en temas de ciberseguridad y riesgos asociados al uso de las TICs, con el propósito de crear buenos hábitos de uso de las tecnologías. en temas de ciberseguridad para crear conciencia.
Dicha entidad coordinadora deberá elaborar un plan para la creación de centros de entrenamiento e investigación en la lucha contra ciberamenazas, que permitirán la formación de especialistas que repliquen el conocimiento, realicen pruebas en entornos controlados a manera de investigación y brinden soluciones hechas en casa frente a las necesidades de protección.
Así también, deberá analizar el marco jurídico para la persecución del delito en el ciberespacio y la cibercriminalidad, que permita responder ante el cometimiento de delitos en el ciberespacio y la ejecución de procedimientos legales que garanticen una adecuada investigación y la realización de juicios justos.
Y proponer la creación de una comisión jurídica especializada que verifique la existencia de herramientas procesales adecuadas relacionadas con ciberdelitos y que se encargue de identificar las áreas del sector justicia que deben fortalecer sus conocimientos en materia de ciberseguridad, así como también colaborar para que se capacite a estas áreas identificadas.
La entidad deberá coordinar la creación de equipos de respuesta ante incidentes de seguridad e inteligencia de ciberamenazas entre el sector público, el sector privado y organismos internacionales, fomentando la prevención y la alerta temprana. Impulsar y apoyar la creación de equipos de respuesta ante incidentes sectoriales que sean coordinados por el equipo de respuesta ante incidentes nacional (salCERT).