En busca de una nueva carta magna

El debate sobre las propuestas de cambios en la Constitución se torna intenso. Este mes de septiembre iniciará una nueva etapa en la implementación las reformas que busca una nueva carta magna. Desde que se conoció que un equipo, delegado por Presidencia, y liderado por el Vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, trabajaría en un paquete de reformas a la Constitución bajo la premisa de actualizar “nuevos estándares constitucionales y sociales”, diversos sectores dieron a conocer su punto de vista sobre el proyecto, tanto de manera positiva como crítica.

Se llegó a un punto que la Sala de lo Constitucional tuvo que declarar improcedentes dos demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo que delegaba al Vicepresidente el “coordinar el estudio y propuesta de reformas a la Constitución”. Importante señalar que, el ahora exmagistrado, Carlos Sánchez Escobar, emitió un voto disidente en el que explicó por qué debió admitirse a trámite las demanda y aceptarse la medida cautelar solicitada de suspender los efectos de la delegación.

Once meses después de haber conocido al denominado Equipo Ad Hoc del Vicepresidente, ya se conoce el borrador del proyecto de reformas que se presentará a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación; son más de 200 modificaciones en la Constitución, entre las que hay reformas puntuales, mejoras de redacción, nuevos artículos, sustituciones y derogatorias.

Entre las reformas planteadas, se establece la regulación de nuevos derechos fundamentales; un aumento en la duración del período presidencial y de los titulares de instituciones elegidas por la Asamblea Legislativa; regulación de las figuras de consulta ciudadana, como el plebiscito y el referéndum; colegiación obligatoria para abogados; y, modificaciones en la estructura organizativa no solo del Órgano Judicial, sino de todo el Estado.

A fin de profundizar en las áreas más importantes que abarca el paquete de reformas, se aislará por sectores las reformas del proyecto.

Nuevos derechos fundamentales

El proyecto establece la regulación directa de los derechos al aire, al agua, a la alimentación, a donar órganos, a la protección de sus datos e información personal, a la muerte digna y a la objeción de conciencia.

Aunque, al igual que en la Constitución actual, se reconoce como persona humana a todo ser humano en general desde el instante de la concepción, se agrega que el reconocimiento al derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante, y que en caso de colisión de

derechos la ley establecerá lo pertinente.

Se eleva a nivel constitucional el acceso a la información con independencia de la situación personal, social, económica o geográfica, así como a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Colegiación de abogados sería obligatoria

Según el borrador de reformas constitucionales para el ejercicio de las profesiones universitarias se requerirá de la autorización y control de Colegios Profesionales, dentro de estos colegios se destaca el Colegio de Abogados y Notarios.

El proyecto establece como obligatoria la colegiación para los abogados y notarios. Será este colegio quien se encargue de autorizarlos para el ejercicio de la profesión de Abogado y realizar la función de notariado.

Así también, tendría la facultad de realizar los procedimientos sancionatorios dentro del gremio, esto por el incumplimiento de “sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia grave, por mala conducta profesional o por conducta privada notoriamente inmoral, cuando esta afecte negativamente el ejercicio de la respectiva profesión o función”.

Participación ciudadana

En las reformas se establece la creación de las figuras del plebiscito, el referéndum, el revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, el propio proyecto delega la regulación de las figuras a una ley secundaria, denominada “Ley de Consultas Ciudadanas”, en la que se establecerá la naturaleza, los requisitos y procedimientos para el ejercicio de los mismos. 

Ahora bien, uno de los temas que más se ha comentado sobre dichas figuras, es sí con estos mecanismos sería posible aprobar una reelección presidencial con el voto de la población. El proyecto de reformas expresa “En ningún caso estos mecanismos servirán para prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la Presidencia”.

Corte Suprema de Justicia

Para el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el paquete de reformas establece la creación de la Sala de lo Social y la Sala de lo Electoral, y la separación de la Sala de lo Constitucional del organigrama actual de la CSJ, convirtiéndose en un Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Electoral conocería de actuaciones y violaciones de derechos fundamentales en materia electoral, mientras que la Sala de lo Social para temas de familia, laborales y medio ambiente. El Tribunal Constitucional mantendría las mismas competencias que la Sala de lo

Constitucional.

“Queremos separar esa simbiosis que hay ahora entre lo administrativo y lo jurisdiccional”, comentó Ulloa al ser consultado sobre la necesidad de crear el Tribunal Constitucional.

Otro de los cambios sería que Medicina Legal tendría nivel constitucional y sería denominado como Instituto Nacional de Ciencias Forenses, siendo una institución independiente, autónoma, encargada de brindar apoyo científico y técnico al Órgano Judicial.

5 entes de control

Las reformas establecen un cambio en la estructura de la Corte de Cuentas, así como en su propio nombre, siendo denominado “Contraloría General de la Nación”, una nueva institución de carácter autónomo que fiscalizaría todo lo relacionado a las cuentas del Estado; en ese sentido le agregaría la Sección de Probidad, que actualmente se encuentra dentro de la Corte Suprema de Justicia.

La Contraloría General del Estado estará integrada por: la Junta Superior de Contralores, los Jueces de Cuentas y el Sistema Nacional de Control de Probidad y Auditoría.

Con las reformas, la Defensoría del Consumidor, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y, el Tribunal de Ética Gubernamental tendrían un nivel constitucional. A estas instituciones se le agregaría la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la que ya no formaría parte del Ministerio Público.