El Salvador se encamina a eliminar la deuda política

La eliminación de la deuda política en El Salvador ha emergido como un tema de discusión, impulsando un debate sobre el financiamiento de los partidos políticos y su sostenibilidad económica.
La deuda política, definida como el financiamiento público que el Estado otorga a los partidos con base en los votos obtenidos en elecciones, está garantizada por la Constitución y regulada por la Ley de Partidos Políticos. Este mecanismo busca promover la libertad e independencia de los institutos políticos.
Recientemente, desde el Ejecutivo y el Legislativo se ha planteado la posibilidad de eliminar este mecanismo.
En un mensaje difundido públicamente, el presidente de la República expresó que los partidos políticos deberían ser capaces de autofinanciarse, citando como ejemplo el financiamiento logrado por su movimiento en las elecciones de 2019.
Esta postura ha generado eco en la Asamblea Legislativa, donde su presidente, Ernesto Castro, anunció que se iniciará un proceso para eliminar la deuda política.
La medida requiere reformas constitucionales, ya que el artículo 210 de la Constitución reconoce la deuda política como un derecho destinado a garantizar la independencia de los partidos.
Además, la Ley de Partidos Políticos establece en su artículo 52 que los partidos o coaliciones que participen en elecciones tienen derecho a recibir una suma por cada voto válido.
Estos fondos, calculados por el Ministerio de Hacienda, toman en cuenta la inflación y la cantidad de votos obtenidos en cada elección.
El debate también ha expuesto preocupaciones sobre los riesgos asociados al autofinanciamiento de los partidos. En declaraciones previas, Castro planteó interrogantes sobre posibles fuentes de financiación como el crimen organizado o intereses oscuros, así como la falta de mecanismos de auditoría si no se utilizan fondos públicos. “¿Será que los narcos van a financiar a los partidos políticos? ¿Quién los auditará si no son fondos del Estado?”, se preguntó el legislador.
De concretarse, la eliminación de la deuda política transformaría profundamente el panorama político en El Salvador, obligando a los partidos a buscar alternativas de financiamiento en un contexto donde la regulación y la transparencia serán críticas para evitar la influencia de actores indebidos.
Este proceso también pondrá a prueba la capacidad de los partidos para adaptarse a nuevas realidades financieras y fortalecer sus bases de apoyo ciudadano.