El Salvador ratifica dos tratados internacionales para el traslado de personas condenadas

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha ratificado dos tratados internacionales relacionados con el traslado de personas condenadas. Estos tratados buscan establecer un marco de cooperación para permitir que las personas condenadas cumplan sus penas de prisión en su país de origen.

El primer tratado, entre la República de El Salvador y la República de Costa Rica, tiene como objetivo establecer compromisos para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Este tratado consta de quince artículos que abordan cuestiones como definiciones, autoridades centrales, principios generales, negativa al traslado, derecho de la persona condenada, jurisdicción, revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor, entre otros. Uno de los beneficios esperados de este tratado es permitir que las personas condenadas cumplan sus penas de prisión en su país de origen, lo que facilitaría su reinserción social al estar cerca de su entorno familiar y cultural.

El segundo tratado, entre la República de El Salvador y la República de Argentina, también busca establecer el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales en el país de origen. Este tratado consta de veinticinco artículos que abordan aspectos similares a los del tratado con Costa Rica. Al igual que en el caso anterior, el objetivo es promover una mejor administración de la justicia y la rehabilitación social de las personas condenadas en sus países de origen.

Ambos tratados se basan en principios generales, como el consentimiento voluntario de la persona condenada y el acuerdo entre los Estados trasladante y receptor. Además, establecen la comunicación por la vía diplomática y la cooperación mutua en materia de traslado internacional de personas condenadas.

Estos acuerdos buscan promover una mayor cooperación entre los países en áreas de interés común, incluyendo la administración de justicia en la persecución de delitos, con el fin de evitar la impunidad. En materia penal, se busca encontrar mecanismos conjuntos en el ámbito de la extradición para agilizar su tramitación, reducir sus dificultades y simplificar su funcionamiento.