El Salvador pone en marcha nueva Ley Anticorrupción para prevenir y sancionar delitos en la función pública

La Ley Anticorrupción de El Salvador entró en vigencia este 11 de agosto. La normativa establece un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por funcionarios, empleados y servidores públicos.

Alcance y aplicación de la Ley Anticorrupción
La legislación regula 13 delitos de corrupción, entre ellos: peculado, cohecho, soborno transnacional, malversación y tráfico de influencias.
Se aplicará a autoridades y personal de instituciones estatales, municipales, autónomas y descentralizadas.

Además, obliga a los funcionarios, sus cónyuges y convivientes a presentar cada año una declaración jurada de activos y pasivos junto con su declaración del Impuesto sobre la Renta.
Estos informes patrimoniales serán de acceso público, reforzando la transparencia y la vigilancia ciudadana.

Creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC)
La ley crea el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), conformado por 12 instituciones, entre ellas:

Fiscalía General de la República (FGR)

Corte de Cuentas de la República (CCR)

Policía Nacional Civil (PNC)

Órgano Judicial

Ministerio de Hacienda

Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)

Funciones del Centro Nacional Anticorrupción (CNA)
La FGR será el ente rector del SINAC y tendrá a su cargo el Centro Nacional Anticorrupción (CNA).
Este centro ejecutará labores de inteligencia, investigación y análisis de datos con tecnología avanzada para detectar redes de corrupción.

El CNA contará con acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos, lo que permitirá identificar actividades sospechosas relacionadas con funcionarios y exfuncionarios.

Mecanismos de denuncia ciudadana y protección
La nueva ley permite que cualquier ciudadano denuncie actos de corrupción ante el SINAC o cualquiera de sus instituciones integrantes.
Las denuncias podrán realizarse de forma presencial o mediante ventanillas especiales.

Se establecen medidas de protección a denunciantes y testigos, para evitar represalias y fomentar la participación activa de la población en el control de la gestión pública.

Endurecimiento de penas y control patrimonial
La Ley Anticorrupción incrementa las penas para delitos de corrupción e incorpora sanciones para testaferros o prestanombres.
También fortalece la coordinación entre la CCR y la FGR para agilizar las investigaciones.

El Gobierno salvadoreño considera que esta normativa es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción.

La ley busca garantizar probidad, transparencia y rendición de cuentas, así como el uso correcto de los recursos públicos