El Salvador endurece su sistema penal con entrada en vigencia de nuevas reformas

Desde este jueves 20 de febrero entraron en vigor una serie de reformas penales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador, las cuales buscan reforzar el sistema judicial y endurecer las penas para diversos delitos.
En total, son 7 decretos que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria.
Las nuevas disposiciones incluyen el aumento de condenas para crímenes como homicidio, violación, robo y corrupción, además de cambios en los procedimientos judiciales que amplían la detención provisional de personas aún no condenadas.
Estas medidas han sido impulsadas por el oficialismo como un paso necesario para combatir la delincuencia y evitar la liberación anticipada de acusados.

Principales cambios en las leyes penales
Uno de los cambios más significativos es la elevación de las penas para delitos graves. Por ejemplo, el homicidio simple ahora se castiga con entre 25 y 35 años de prisión, mientras que el homicidio agravado puede alcanzar hasta 60 años.
También se incrementaron las penas para delitos como violación, robo y estafa.
En el ámbito procesal, se amplió la posibilidad de mantener a los imputados en prisión preventiva hasta por la mitad de la pena máxima del delito que se les imputa. Asimismo, se introdujeron nuevas disposiciones para agilizar juicios abreviados cuando los acusados confiesen y colaboren con la justicia.

Menores en cárceles comunes y medidas contra el crimen organizado
Otra reforma significativa es la que permite que menores acusados de delitos relacionados con el crimen organizado sean trasladados a cárceles para adultos.
La ley establece que, aunque se mantendrán separados por edades dentro de los centros penales, dejarán de ser monitoreados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y pasarán a ser supervisados por tribunales especializados.
Además, las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado prohíben la libertad condicional y la reducción de penas para condenados por este tipo de delitos, endureciendo aún más el régimen carcelario.
El endurecimiento de penas y la extensión de la prisión preventiva pueden ser vistos como un mensaje contundente contra la impunidad, pero también han suscitado preocupaciones sobre el respeto al debido proceso y el impacto en la población carcelaria, que ya enfrenta condiciones de hacinamiento.
Con estas modificaciones, El Salvador redefine su enfoque en materia de seguridad y justicia, en un contexto en el que la lucha contra el crimen sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
Con información de diario El Mundo