El rol estratégico de los abogados en la prevención del lavado de dinero

En el contexto actual de fortalecimiento de los marcos jurídicos para combatir delitos financieros, los abogados y notarios desempeñan un papel esencial como agentes de control y prevención del lavado de dinero. Así lo establece la Recomendación 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que los reconoce formalmente como parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

Este señalamiento implica que, cuando actúan en representación o beneficio de sus clientes en determinadas operaciones, los profesionales del derecho deben cumplir con obligaciones similares a las impuestas al sector financiero, particularmente en lo que respecta a la debida diligencia y conservación de registros.

Entre las actividades identificadas por la Recomendación 22 se incluyen:

Compra y venta de bienes inmuebles.

Administración de fondos, valores u otros activos de los clientes.

Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Organización de aportes para constituir, operar o administrar empresas.

Creación, operación, administración o transferencia de personas jurídicas u otras estructuras legales.

Para estas funciones, los abogados deben aplicar las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 del GAFI, que exigen identificar al cliente, verificar su identidad, entender el propósito de la relación comercial, monitorear las transacciones y conservar documentación que respalde dicha gestión.

Función preventiva con implicaciones legales
Este marco normativo no solo reconoce a los abogados como actores de confianza del sistema, sino también como responsables de aplicar controles que prevengan el uso del derecho como mecanismo para ocultar flujos ilícitos. El cumplimiento de estos estándares internacionales permite que los sistemas nacionales fortalezcan la trazabilidad de operaciones sensibles y garanticen la integridad del entorno legal y financiero.

Además, la colaboración activa de los profesionales del derecho con las autoridades encargadas de la prevención del lavado de activos es fundamental para cerrar brechas en la cadena de delitos financieros. Su ejercicio responsable contribuye a limitar la creación de estructuras opacas, a identificar beneficiarios finales y a alertar sobre actividades sospechosas que podrían comprometer el orden público económico.

Campaña institucional destaca esta responsabilidad
En ese marco, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, recordó recientemente a través de una campaña en redes sociales la importancia del rol de abogados y notarios en la lucha contra estos delitos.

Con mensajes dirigidos tanto al gremio como a la ciudadanía, la Corte subrayó que el cumplimiento de estas obligaciones forma parte de los principios éticos y legales que deben regir el ejercicio profesional del derecho. Al recordar la Recomendación 22 del GAFI, la institución busca reforzar una cultura de cumplimiento normativo, transparencia y corresponsabilidad.

En definitiva, los abogados no solo operan como asesores legales o defensores en juicio, sino como elementos clave en la defensa del sistema contra el uso indebido del derecho para fines criminales. Su rol como garantes del cumplimiento legal los posiciona como aliados indispensables en la prevención del lavado de activos y en la construcción de una justicia más efectiva y confiable.