El gobierno de Trump se opone a la repatriación de salvadoreño deportado y encarcelado por error

El gobierno de Donald Trump mantiene su postura firme respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que, según medios de comunicación estadounidenses, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde está encarcelado.
Los abogados del Ejecutivo estadounidense han argumentado que no puede ser obligada una nación extranjera a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Este sábado, los representantes legales del gobierno Trump expresaron que una orden judicial no puede forzar a un país a recibir a un individuo, y consideraron “constitucionalmente inaceptable” que una corte federal obligue a repatriar a Ábrego García a Estados Unidos.
El joven, quien fue deportado a El Salvador para cumplir una condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha estado en el centro de una controversia legal debido a su estatus migratorio.
El gobierno de Estados Unidos había reconocido previamente que la deportación de Ábrego García fue un error, dado que el salvadoreño tiene estatus legal en el país. En respuesta a esta situación, la jueza federal Paula Xinis emitió el viernes pasado una orden que instruye al gobierno estadounidense a “facilitar y concretar” el retorno de Ábrego García.
La jueza calificó de “ilegal” la deportación y otorgó un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para que la repatriación se lleve a cabo.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostienen que una orden judicial que exige a un gobierno interactuar de manera específica con otro país es “constitucionalmente intolerable”.
Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, manifestó su frustración por la situación, subrayando que Ábrego “no debió haber sido deportado” y lamentó la falta de respuestas claras sobre el caso.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2019 bajo un estatus migratorio protegido, tras argumentar que huía de amenazas de pandillas en El Salvador.
A pesar de su estatus legal, la administración Trump sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado polémica y ha intensificado el debate sobre la legalidad de su deportación.