EE. UU. impone nuevas tarifas migratorias: visa de turismo superará los $400 y otros trámites subirán hasta 500 %

A partir del próximo 1° de octubre de 2025, obtener o renovar una visa para ingresar temporalmente a Estados Unidos será más costoso para solicitantes de todo el mundo, especialmente centroamericanos. Con la entrada en vigor de la ley One Big Beautiful Bill, firmada recientemente por el presidente Donald Trump, se oficializa un aumento considerable en el costo de la visa estadounidense de no inmigrante, incluyendo la categoría B1/B2 para turismo y negocios.

El ajuste más visible es la creación de la Visa Integrity Fee, una tarifa de 250 dólares que se suma al precio actual de 185 dólares, dejando el costo total de la visa de turismo en 435 dólares. Este recargo aplicará también para visas de estudio (F/M), intercambio cultural (J) y trabajo temporal (H-1B, L, O, P, R). Por el contrario, quedarán exentos de esta tarifa los diplomáticos y los ciudadanos de países amparados bajo el Programa de Exención de Visas, como Chile.

Según la normativa, el Visa Integrity Fee podrá solicitarse como reembolso si el beneficiario cumple todas las condiciones de su permiso, entre ellas no haber trabajado de forma no autorizada y abandonar el país dentro del plazo estipulado o tras obtener un cambio de estatus. Los solicitantes deberán gestionar dicho reembolso al vencimiento de la visa y bajo condiciones específicas establecidas en la ley.

El incremento en tarifas no se limita únicamente a las visas. La legislación introduce aumentos significativos para otros servicios migratorios:

Solicitud de asilo: 100 dólares anuales mientras dure el proceso.

Permiso de trabajo para solicitantes de asilo: 550 dólares.

Estatus de Protección Temporal (TPS): de 50 a 500 dólares, más 550 por el permiso de trabajo.

Parole humanitario: 1,000 dólares, además de 550 dólares por el permiso laboral correspondiente.

En algunos casos, los incrementos superan el 500% en comparación con las tarifas vigentes hasta septiembre. Además, la ley establece que la Visa Integrity Fee podrá ajustarse anualmente, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

Este cambio marca un giro en la política migratoria estadounidense, endureciendo las condiciones económicas para ingresar, permanecer o regularizarse en el país. La decisión ya ha generado reacciones de preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, quienes advierten que los nuevos costos podrían limitar el acceso a vías legales de ingreso, especialmente para solicitantes de asilo y protección humanitaria.

El gobierno estadounidense, por su parte, argumenta que estas medidas buscan reforzar la integridad del sistema migratorio y recuperar costos asociados a la administración de los servicios.