Educación privada: el riesgo de caer en crisis

Por: Observatorio de Políticas Públicas Universidad Francisco Gavidia.

A consecuencia de la pandemia del Covid-19, un porcentaje significativo de las instituciones de educación privada, desde parvularia hasta universitario enfrentan el riesgo de caer en crisis. ¿Por qué esta situación y cuáles serían las consecuencias para el país?

La pandemia del Covid-19 ha golpeado a todas las economías en el mundo, causando cierres de empresas, pérdidas de empleos y de ingresos entre muchos profesionales y trabajadores por cuenta propia, lo cual también sucede en El Salvador. En este contexto, ha surgido el Movimiento Universitario de El Salvador, que está proponiendo reducir 50% las colegiaturas.

Es de analizar esta propuesta, y las consecuencias que tendría en el sector educación.

La primera pregunta es ¿por qué una familia envía a sus hijos/as a estudiar a una institución privada cuando la Constitución (Art. 53) señala que “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”? Lo hacen porque la educación pública, en general, no garantiza ni calidad ni el entorno que se requiere; lo hacen porque buscan la mejor educación posible para sus hijos/as.

Sin embargo, ante la difícil situación económica que vive El Salvador, igual que en la mayor parte del mundo, tiene sentido buscar cómo aliviar el presupuesto familiar, en general, y en lo que se refiere al pago de la educación privada, en particular.

Es necesario dar a conocer que según últimas estadísticas disponibles, en 2018 había 6,057 centros educativos, de los cuales 884 eran privados (14.6%. Observatorio Quinquenal, Gestión 2014-2018), que daban empleos a 11,591 docentes (Ibidem, Cuadro I.2.2., cantidad de docentes por sector),  para atender a 218,214 estudiantes (dato de 2017). El costo por estudiante pagado con fondos del Gobierno fue de $718 ($60 mensual) a nivel básico y $741 ($62 mensual) en educación media (Ibidem, Cuadro III.11, promedio de inversión estimada por estudiante).

La segunda pregunta es ¿qué impacto tendría una reducción de 50% de las colegiaturas en las instituciones de educación privada?

Dada las estadísticas antes expuestas,en las escuelas privadas podrían quedar sin empleo alrededor del 25% de los docentes, esto es, unos 2,500-2,900 maestros/as; y los padres de alrededor de 50,000-55,000 estudiantes deberían buscar otra escuela o enviarlos a una escuela pública. ¿Cómo se sentiría como maestro o como padre enfrentar esta situación?

En el caso de las instituciones de educación superior, IES, según datos de 2018, había 190,519 estudiantes: 59,285 (31.1%) en instituciones públicas y 131,234 (68.9%) en instituciones privadas, empleando a 7,973 docentes (Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2018). Por tanto, ¿cuánto cuesta atender a un estudiante en una IES? Si se toma como referencia los $99.61 millones asignados a la Universidad de El Salvador en el Presupuesto General de 2019, y dividirlo entre 49,789 estudiantes (2º ciclo estadísticas), se tiene que cuesta $2,000.00, unos $168 mensuales, costo muy superior a las IES privadas.

Dado estos datos, ahora las IES enfrentarán una marcada reducción de la matrícula, porque muchos estudiantes o padres han quedado sin empleo o están en riesgo de perder sus ingresos. Según Francesc Pedró, director de ISEALC-UNESCO, a causa de la pandemia en Latinoamérica habrá un descenso en la demanda (matrícula caería entre 10% y 25%); reducción de aranceles; cierre de universidades; despido de profesorado y, agregue, personal administrativo.

Tomando estos datos como ejemplo, si en las IES privadas la matrícula cae 25% (unos 33 mil estudiantes menos)sus ingresos bajarían, digamos, de 100% a 75%. Y si la cuota se reduce 50% por ley, entonces recibirían un 37.5% por estudiante. En estas condiciones, al perder 62.5% de sus ingresos, quebraría la mayoría de las IES.

Entonces, si cerrara el 50% de las IES, unos 3,500-3,900 docentes y unos 2,000 administrativos perderían su empleo. Pero el golpe más duro lo sufrirían entre 60-65 mil estudiantes de las IES cerradas, porque perderían gran parte de sus años de estudio, porque los requisitos no son compatibles en todas las instituciones. Ejemplo, si al estudiante le falta un año, probablemente tendría que estudiar 2 a 3½ años adicionales: golpe emocional y financiero. ¿Cómo se sentiría como maestro, estudiante, padre o trabajador administrativo tener que enfrentar esta situación?

Por último, de reducirse por ley la cuota de pago, se estaría yendo contra el espíritu de la Ley de Educación Superior, que en su artículo 21 dice que las instituciones privadas de educación superior, gozan de libertad en lo docente, lo económico y  lo administrativo.

Última pregunta: de suceder lo antes expuesto, ¿quién le responderá a los padres, alumnos, docentes y personal administrativo por lo que lleguen a perder?

Es de reflexionar y encontrar una solución gana-gana y no una pierde-pierde.