Droguería cancela multa por fijación de precios en medicamentos

Luego de diversas acciones de seguimiento en sede fiscal y judicial por parte de la Superintendencia de Competencia, la Droguería Americana canceló una multa por $171,000 por haber fijado precios de tres medicamentos junto a la empresa C. Imberton.

La Droguería Americana hace efectivo el pago de la multa 4 años después de la imposición de la misma; mientras que, la sanción económica impuesta a C. Imberton se encuentra aún pendiente de pago debido a una medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo, en el cual se tramita la demanda interpuesta por la empresa solicitando la invalidación de la sanción.

En el 2019, las sociedades Droguería Americana, S. A. de C. V. y C. Imberton, S. A. de C. V. fueron sancionador por incurrir en la práctica anticompetitiva tipificada en el artículo 25, letra a), de la Ley de Competencia, adoptando un acuerdo anticompetitivo para fijar en igualdad los precios brutos de venta en el mercado de la distribución mayorista de los medicamentos Cataflam suspensión oral 9 Mg. 120 Ml. x 1 (5ml.): de enero 2009 a septiembre 2013; para Diovan cápsulas 160 Mg. x 14: de junio de 2011 a marzo de 2013; y para Lamisil tabletas 250 Mg. x 28: de febrero de 2011 a marzo de 2013.

Según la resolución sancionatoria del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia emitida en el año 2019, el impacto de la práctica anticompetitiva tuvo un alcance nacional, pues ambas droguerías fueron las únicas que distribuyeron los medicamentos en todo el país. En total, 344 farmacias a nivel nacional fueron afectadas con la compra de esos tres medicamentos durante el periodo de la práctica comprobada.

Al respecto, el Superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez afirmó que, con el pago de la multa por parte de la Droguería Americana se confirma la legalidad de las actuaciones y criterios emanados por la SC en el caso. Además, aseguró que “con nuestro trabajo en la defensa de la legalidad de la competencia estamos llevando justicia a toda la población; la práctica que la SC sancionó en el pasado afectó la economía de las familias salvadoreñas.