DPLF presenta análisis sobre cooperación entre la FGR y CICIES

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó los resultados de su análisis sobre el convenio de cooperación técnica y de fortalecimiento institucional suscrito entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la CICIES.

El pasado 09 de diciembre de 2019, el Fiscal General de la República de El Salvador, Raúl Melara, y el Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, suscribieron un documento titulado “Convenio de Cooperación Técnica y de Fortalecimiento Institucional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad”, con el objetivo de formalizar la cooperación técnica que brindará la Secretaria General de la OEA a la FGR, por medio de CICIES.

La cooperación estaría enfocada en fortalecer la capacidad de la FGR para la prevenir, detectar, investigar, ejercer la acción penal, procesar y erradicar la corrupción e impunidad en El Salvador, con el apoyo de un mecanismo especializado de asistencia técnica.

Como primer punto el DPLF considera que  la colaboración de la CICIES no debe limitarse únicamente a proporcionar apoyo técnico en las investigaciones, es decir, a capacitarlos en cómo investigar de manera abstracta, o en mostrarles los diversos caminos (o líneas de investigación) para investigar casos concretos.

Dado que esto no disminuyen los factores que pueden obstaculizar el trabajo de los fiscales y que puede detener el avance de las investigaciones, como son: la intimidación y el miedo derivados de la falta o insuficiencia de medidas de protección para la vida e integridad personal de los fiscales y sus familias; a falta de respaldo institucional a las investigaciones por parte de los superiores jerárquicos, incluyendo al Fiscal General y la existencia de presiones “encubiertas” provenientes del interior de la propia fiscalía.

El DPLF considera que la CICIES debe ser capaz de solventar tales debilidades en el sistema «además de colaborar en la construcción de investigaciones robustas desde un punto de vista jurídico, su presencia debe blindar a la fiscalía y al Fiscal General frente a presiones políticas o intimidaciones externas, así como al grupo de fiscales encargados de las investigaciones, de las presiones que provienen del interior de la organización.».

Sobre la creación de una unidad especializada al interior de la fiscalía y la selección de sus fiscales anticorrupción, DPLF considera que el acuerdo no establece la creación de esta unidad dentro del ente fiscal.

Puede leer el análisis completo a continuación:

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