¡Diputados, no nos defrauden!

Por: Sofía Flores de la O
Directora ejecutiva – Fundación DTJ

Nos encontramos en la recta final del proceso de elección de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los protagonistas de esta última fase son los diputados de la Asamblea Legislativa y los 30 candidatos a magistrados que resultaron electos en los procesos eleccionarios de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Los diputados tienen la oportunidad de enmendar los filtros que fallaron en las etapas previas de este proceso y elegir magistrados capaces, honorables e independientes.

Al pertenecer a un Estado republicano, democrático y representativo (art. 85 Cn.), los ciudadanos delegamos al Órgano Legislativo la responsabilidad de elegir en nombre y representación nuestra, una serie de funcionarios, entre los que destacan los magistrados de la CSJ (Numeral 19 del art. 131 Cn) y las denominadas elecciones indirectas o de segundo grado.

Históricamente, este tipo de procesos se ha caracterizado por negociaciones oscuras, repartos partidarios al interior de la Asamblea Legislativa y por altas dosis de desconfianza ciudadana. A esto se suma la falta de importancia que erróneamente hemos dado los ciudadanos a las elecciones indirectas, sin pensar que funcionarios electos bajo este esquema -como es el caso del Fiscal General de la República y magistrados de la Corte de Cuentas de la República- son eslabones clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, la ciudadanía ha venido adquiriendo mayor conciencia y ha desarrollado menos tolerancia a la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia al interior de las instituciones públicas, lo que ha generado un mayor involucramiento ciudadano y mayor incidencia en las decisiones de nación.

En este punto, es importante resaltar que organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), han venido impulsando una fuerte campaña de concientización ciudadana sobre la relevancia del actual proceso de elección de magistrados de la CSJ, ya que una mala decisión, tendría graves consecuencias para nuestra democracia. ¿Por qué? Porque si no exigimos que se elijan magistrados independientes, capaces y honorables ¿quién velará por el respeto de nuestros derechos y por el fiel cumplimiento de nuestra Constitución? ¿cómo podrá funcionar el sistema de frenos y contrapesos fundamental de toda democracia? Por tanto, los procesos de elecciones de segundo grado deben ser transparentes, basarse en el mérito e integridad de los candidatos y no en repartos partidarios, y deben culminar en dictámenes que motiven por qué las personas electas son las mejores para el puesto.

En vista de la innegable necesidad de fortalecer y dotar de mayor transparencia y confianza estos procesos de elección, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y TECHO El Salvador, presentó el pasado mes de febrero ante la Asamblea Legislativa, un anteproyecto de reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con propuestas para fortalecer y dotar de mayor transparencia los procesos de elecciones de segundo grado.

Debido a que ya dio inicio la etapa de elección en la Asamblea Legislativa y no se reformó el RIAL, el Consorcio recomendó a la Comisión Política y a la Subcomisión responsable de evaluar a los 30 candidatos a magistrados, incorporar los elementos planteados en la propuesta de reformas al RIAL, realizando entrevistas personalizadas y acuciosas, utilizando un baremo para evaluar equitativamente a todos los candidatos y en base a dicha evaluación, fundamentar de manera suficiente la idoneidad de los funcionarios electos.

La fase de entrevistas dio inicio el 12 de junio y culminará el próximo 6 de julio. Gracias a la exigencia y presión de diversas organizaciones, se logró que todo ciudadano interesado en observar in situ el desarrollo de las entrevistas, puede hacerlo libremente. De igual forma, se abrió la posibilidad que la sociedad civil enviara, por escrito, propuestas de preguntas para que los diputados las incluyan en sus intervenciones.

¿Y ahora, qué nos queda? A nosotros ciudadanos, aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos de incidir de forma directa en este proceso. A los diputados, asumir su responsabilidad y asegurar a la ciudadanía, que elegirán a los mejores candidatos, premiando la idoneidad, honorabilidad e independencia. A los candidatos, a que no olviden que su principal motivación para ser magistrado debe ser -siempre- la de defender nuestros derechos.

¡No nos defrauden!