Diputados aprueban Ley de Sostenibilidad Fiscal que limita la deuda pública como parte de acuerdo con el FMI

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 59 votos a favor y uno en contra, la “Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, una normativa que impone límites al endeudamiento estatal y que responde a los compromisos asumidos por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo central de la ley es restringir el endeudamiento público del Sector Público No Financiero a un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el largo plazo, con metas escalonadas: 80 % en 2030, 75 % en 2035 y 70 % en 2045. Sin embargo, estas metas podrían suspenderse bajo ciertas condiciones, como crisis económicas, emergencias nacionales o desastres naturales que impacten fiscalmente en más del 1 % del PIB. Además, el límite de deuda podrá ser revisado cada diez años.

El alcance de la ley es amplio: abarca al Gobierno Central, municipalidades, instituciones autónomas no financieras y empresas públicas como CEL, ISSS, la Dirección de Obras Municipales (DOM), Fovial y otras entidades del sector público.

Vínculo con el FMI y medidas fiscales
La aprobación de esta ley es uno de los requisitos pactados en el acuerdo de financiamiento por aproximadamente $1,400 millones con el FMI. En ese marco, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo que proyecte presupuesto y deuda a cinco años, y lo publicará anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal.

Asimismo, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) queda obligado a proporcionar al Ministerio de Hacienda la información necesaria para el cumplimiento de la nueva normativa.
El único voto en contra fue de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

La diputada Marcela Villatoro, también de Arena, respaldó la iniciativa, aunque con reservas. Afirmó que es un paso en la dirección correcta, pero cuestionó la flexibilidad de la ley: “El artículo 8 permite suspender la aplicación de la ley sin una revisión formal por parte de la Asamblea. Solo se les va a informar”.

Aunque la ley busca garantizar la sostenibilidad fiscal y mejorar la imagen del país ante organismos financieros internacionales, la discusión legislativa dejó en evidencia la desconfianza sobre su aplicación real, especialmente ante un historial de opacidad y gasto sin controles.