Diputado solicita que instituciones públicas brinden servicio en lenguaje de señas

El diputado Juan Carlos Mendoza presentó una pieza de correspondencia en el sentido se adicione un inciso al Art. 41 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad que el sector público y sus dependencias, capaciten personal a su disposición para que aprendan lo básico del lenguaje de señas.

Con la reforma las instituciones públicas y privadas abiertas al público en general, procurarán brindar información de acuerdo a modelos o formatos tecnológicos universales, acorde a la normativa internacional respectiva.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las instituciones podrán utilizarse programas. sistemas, medidas, mecanismos y tecnología adecuada, tales como la lengua de señas, el sistema de lecto-escritura braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación e información, a fin de asegurar el derecho de información y comunicación de las personas con discapacidad.

El sector público y sus dependencias, deberán capacitar personal a su disposición para que aprendan lo básico de la lengua de señas y servir de intermediarios, facilitar la asistencia y acceso a la información de las personas sordas.

Este año entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que crea un nuevo Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONAIPD, que se relacionará y coordinará con los demás Órganos del Estado por medio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Así también, El Salvador es firmante de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, en el cual obliga adoptar todas las medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que contribuyan a la discriminación contra las personas con discapacidad.

Según estadísticas realizadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, con el apoyo técnico de la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 6.4% de la población posee alguna discapacidad y de estas aproximadamente 40,000 personas son sordas, las cuales se comunican con el lenguaje de señas, situación que complica ya que les es difícil ser comprendidas cuando se avocan a instituciones públicas, pues no existen personas capacitadas o que conozcan este lenguaje.