DIGITALIZACIÓN VERSUS FORMALIDAD TRIBUTARIA – EDICIÓN # 93

Por: Pedro Cañas, Manager Tax & Legal – Grant Thornton. 

Con el transcurso del tiempo, la tecnología ha desempeñado un papel importante alrededor del mundo, cambiando y haciendo más eficiente la forma en que las empresas operan y hacen negocios; así como la interacción de la población con las administraciones públicas. Claros ejemplos de ello es que algunas actividades que anteriormente eran demasiado burocráticas, tanto públicas como privadas, hoy pueden accederse o solicitarse fácilmente mediante el uso de plataformas electrónicas desde cualquier lugar, dinamizándose así la economía por medio de la digitalización.

Ante el surgimiento de nuevos avances y constantes innovaciones tecnológicas, se vuelve necesario plantear los siguientes cuestionamientos desde la perspectiva fiscal salvadoreña, ¿Cómo están evolucionando las regulaciones impositivas locales ante estos cambios a nivel mundial? y específicamente, ¿El Salvador cuenta con legislación tributaria lo suficientemente clara y robusta para abordar y dotar de legalidad al creciente avance de la digitalización?

La implementación y uso de innovaciones tecnológicas disruptivas, vuelven necesario que las leyes también evolucionen, con el objeto de regular estas nuevas formas de hacer las cosas, pues, aunque facilitan la mayor parte de aspectos de nuestra vida, el no tener regulaciones legales y técnicas lo suficientemente claras, podrían representar obstáculos para la Administración Tributaria y mayores cargas a los contribuyentes. Esto, porque si no se dota de seguridad jurídica a estas operaciones digitales, podrían generarse contrariedades al momento de determinar tributos y/o cumplimientos formales, afectándose con ello la seguridad jurídica.

A nivel internacional, diferentes organismos han planteado la utilización de nuevos mecanismos para la implementación de nuevas formas de tributación que garanticen la equidad en la recaudación de impuestos en la era digital. Así también Estados que conforman la Unión Europea han enfocado sus esfuerzos en renovar y transformar sus administraciones tributarias, brindando nuevas herramientas y experiencias para que los contribuyentes pueden fácilmente cumplir con sus obligaciones fiscales y reducir a su vez los niveles de evasión.

Para el caso de El Salvador, se han iniciado planes para facilitar la declaración y recaudación de impuestos mediante la utilización de tecnología, estando dentro de estos, la puesta en marcha de la facturación electrónica como principal punto de referencia de la entrada de la digitalización en la tributación. Sin embargo, su implementación no logrará ser eficiente ni podrá cumplir sus objetivos, si no se establecen previamente los mecanismos y regulaciones legales necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica al momento de respaldar operaciones con incidencia fiscal en medios digitales.

Lo anterior debe tomarse en cuenta pues, aunque contemos con una Ley de Firma Electrónica que brinda validez jurídica a la firma digital y además se estén discutiendo los anteproyectos de la Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Protección de datos personales ,con las que se podrán reconocer y proteger jurídicamente datos y transacciones contenidas en archivos digitales; las leyes vigentes en la materia tributaria restringen o limitan la implementación de la digitalización, al establecer requisitos formales que obligan la comprobación de operaciones con incidencia fiscal mediante su impresión en papel.

Claro ejemplo de estas limitantes, son las reglas para la deducción de costos y gastos mencionadas en el Código Tributario, las cuales establecen la obligación de comprobar y respaldar tales deducciones con documentos idóneos que cumplan con todas las formalidades exigidas por las leyes tributarias respectivas -como las mencionadas por el artículo 114 del mismo Código-, e inclusive obligando la formalización de actos en contrato escrito como requisito indispensable de deducción. Caso contrario, tales deducciones serían rechazadas e inclusive podrían acarrear la imposición de sanciones, afectándose el dinamismo que se fomenta mediante los usos de las nuevas tecnologías.

Por lo tanto, es necesario que se considere una reforma integral de la legislación tributaria, o bien la emisión de una ley que se enfoque específicamente en la Facturación Electrónica, con el fin de desechar formalidades restrictivas como la emisión de documentación física y se habiliten usos que respondan a las necesidades tecnológicas. Como es el caso de la facturación electrónica, permitiendo así a la administración tributaria y a los contribuyentes el acceso a la automatización de procesos y el uso de Infraestructura digital; pudiendo así contar con disposiciones legales que permitan la verificación de cumplimientos tributarios sin afectar el proceso de transformación digital que día a día avanza aceleradamente.