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Desafíos y oportunidades para la regulación del ecosistema cripto
A pesar de que ya existen leyes, reglamentos e instructivos destinados a regular la actividad de la industria cripto, aún no existen cambios en las directrices encaminadas a facilitar su integración en el sistema financiero tradicional.
Escrito por: Karla Olmedo Bendek | Legal & Compliance Counsel for VASP
En los últimos años, el ámbito legal ha experimentado una transformación significativa impulsada por las tecnologías emergentes. Esta transformación, como es lógico, ha resultado en una mejora en la efectividad de los servicios legales, pero también ha planteado nuevos desafíos.
Dentro de estas tecnologías emergentes encontramos por ejemplo el Blockchain, utilizado para crear contratos inteligentes, y en materia de criptomonedas su aplicación representa una poderosa herramienta que ofrece transparencia y seguridad.
Si bien las criptomonedas existen desde hace ya más de una década, las iniciativas para regular su uso a través de los proveedores de servicios de activos virtuales son relativamente recientes y es ahora cuando han tomado un lugar preeminente en la agenda normativa. Esto sin lugar a dudas se debe al espectacular crecimiento que ha experimentado esta industria en la capitalización de mercado.
La rápida aceptación de las criptomonedas en el mercado representa un desafío para la regulación, primero por su naturaleza global y segundo porque a diferencia de lo que sucede en el sistema financiero tradicional, las operaciones en criptomonedas se caracterizan por realizarse sin intermediarios, de manera que la supervisión y el control por parte de las autoridades también implica un tratamiento diferente. En tal sentido, para el ámbito legal, uno de los retos para los reguladores, es encontrar la manera de proteger a los usuarios y al mismo tiempo no perjudicar la actividad económica de los regulados que al momento de establecer las condiciones y los requisitos aplicables a esta industria; de manera que, se vuelve indispensable enfrentarse a la necesidad de tener que adquirir nuevas habilidades y ampliar los conocimientos tecnológicos que les permita, crear e implementar una regulación que evolucione y avance al mismo ritmo que lo requiere la innovación .
Por otra parte, los abogados también se enfrentan a la necesidad de adquirir nuevos o más conocimientos tecnológicos ya que es indispensable conocer los negocios que se originan de las nuevas tecnologías y cómo funcionan para poder asesorar apropiadamente, al mismo tiempo deben actualizarse no solo con la regulación nacional sino también con la internacional.
Una de las principales dificultades para establecer o aplicar un marco legal idóneo es sin duda el hecho que el ecosistema cripto cuenta con una enorme diversidad de actores ya que son miles los participantes y la gama de servicios que las tecnologías emergentes permiten crecen y evolucionan rápidamente, esta situación muchas veces supera la capacidad del regulador para dar respuesta, lo cual crea una brecha entre la tecnología y la regulación, causando un efecto de incertidumbre legal tanto para todas los interesados en participar.
Adicionalmente, los requisitos que se deben cumplir no siempre o no fácilmente pueden estandarizarse, por lo mismo que existen diversas categorías de servicios y de activos virtuales, de manera que también la lucha por homologarlos a nivel mundial es compleja, considerando que los gobiernos adoptan diferentes ideologías en torno al tema y que no todos cuentan con los mismos recursos, lo anterior constituye una de las razones por las que limita el avance.
Prueba de ello es que, en un principio, la preocupación de los gobiernos era la de reducir al mínimo el uso de las criptomonedas, bajo la premisa de que su uso facilita el lavado de dinero, bajo esa misma línea de pensamiento surgió la imposibilidad de la coexistencia.
Sin embargo, hoy en día son cada vez más los que coinciden en que tratándose de guía para el tratamiento de las monedas estables en relación a los criptoactivos; se consolidan prevención contra el lavado de dinero y financiación al terrorismo, es más efectivo regular su uso que prohibirlo; es por ello, que evidenciamos la tremenda importancia que ha cobrado la implementación de rigurosos programas de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero, con un enfoque basado en riesgo y un sistema de seguridad informática robusto y eficaz como medidas indispensables para dar solución a este planteamiento.
Gracias a la inmediata reacción del Grupo de Acción Financiera (GAFI) enfocada en fomentar la adopción de un marco legal mundial para todos los proveedores de servicios de de Estabilidad Financiera sobre los mercados de cripto activos a través de la publicación una las bases para que los reguladores se unan a los esfuerzos, incorporando en sus cuerpos normativos tales recomendaciones, principios y lineamientos y designando las instituciones que tendrán la responsabilidad de supervisar y controlar a los nuevos actores del sistema financiero de activos virtuales, los Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), las pautas emitidas por Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) sobre los principios regulatorios para las cripto bolsas y la gestión de vigilancia del consejero.
A pesar de que ya existen leyes, reglamentos e instructivos destinados a regular la actividad de la industria cripto, aún no existen cambios en las directrices encaminadas a facilitar su integración en el sistema financiero tradicional, por ejemplo sigue siendo difícil que un PSAV tenga acceso a los servicios financieros tradicionales como lo tiene cualquier otra persona jurídica, todavía hay camino por recorrer para que estos sujetos altamente regulados tengan las mismas oportunidades de desarrollar su actividad económica como lo tiene toda interrelación de las instituciones financieras tradicionales con las empresas de la industria empresa de cualquier otro rubro.
Si bien es cierto que cada gobierno avanza de acuerdo a sus propias decisiones, todo apunta a que carecer de regulación en este tema ya no es una opción y su prohibición pierde sentido, porque vulnera la libertad de los usuarios para comercializar con los activos que considere personalmente convenientes para su economía. Es por ello que los esfuerzos se dirigen a la creación e implementación de una trama regulatoria que satisfaga tres aspectos esenciales:
I) Solucionar las brechas regulatorias para garantizar igualdad de condiciones dentro del sistema financiero.
II) Armonizar los enfoques regulatorios tradicionales en cuanto a actividades y riesgos;
III) Abarcar a todos los actores y a todos los servicios del ecosistema cripto
Mientras eso sucede, el derecho incorpora una nueva materia a su campo de práctica, adquiere conocimientos tecnológicos e implementa nuestras herramientas acordes a la innovación y poder así garantizar servicios legales que satisfagan las necesidades de este sector.