Denunciantes en casos de administración fraudulenta deberán presentar auditoria contable

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa discutió una propuesta para modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, específicamente sobre las “Acciones públicas previa instancia particular” en casos de administración fraudulenta. La propuesta busca que las víctimas de este delito presenten una auditoría contable como parte de la denuncia.

El fiscal general de la República expuso que la auditoría contable es esencial para establecer la existencia de un hecho criminal en casos de administración fraudulenta. Esta auditoría servirá como base inicial para la investigación, la cual será complementada por otras pesquisas realizadas por la Fiscalía. El objetivo es evitar presentar requerimientos infundados o sin agotar las instancias mercantiles pertinentes.

El fiscal general destacó la necesidad de pruebas técnicas, como pericias financieras o contables, para determinar si el patrimonio de una empresa ha sido adecuadamente administrado. Sin embargo, algunos abogados evitan las instancias civiles o mercantiles y recurren directamente a la Fiscalía para criminalizar acciones que podrían resolverse en esos ámbitos.

Esta práctica sobrecarga a la Fiscalía, que debe realizar exámenes periciales y buscar apoyo de otras entidades del Estado, lo que complica la atención a otras investigaciones. El fiscal argumentó que el Estado no puede asumir el costo de estas auditorías sin afectar el funcionamiento de otras instituciones.

La propuesta de reforma establece que la víctima debe presentar una auditoría contable como prueba inicial del delito. Si no tiene los documentos financieros para elaborar dicha auditoría, deberá solicitar auxilio a la Fiscalía, que a su vez pedirá al juez que ordene la obtención de los documentos necesarios.

El fiscal general aseguró que esta medida permitirá presentar requerimientos adecuados ante los tribunales y evitará la sobrecarga de la Fiscalía con casos que podrían resolverse en instancias mercantiles. Además, subrayó que el Estado no debería asumir los costos de estas auditorías para no desviar recursos de otras funciones esenciales.