Defensa de salvadoreño deportado por error acusa a EE. UU. de armar caso sin pruebas

La defensa del salvadoreño Kilmar Ábrego García denunció que las acusaciones federales en su contra carecen de fundamento y fueron construidas sin pruebas verificables. El abogado Simon Sandoval Moshenberg calificó el caso como un “montaje legal” y denunció una violación flagrante del debido proceso por parte del gobierno de Estados Unidos.

Ábrego, de 29 años, fue deportado erróneamente a El Salvador el 1 de abril, a pesar de contar con una protección judicial vigente desde 2019 que impedía su expulsión. Tras su deportación, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y luego trasladado al Centro Industrial de Santa Ana, antes de ser devuelto recientemente a Estados Unidos. La Casa Blanca, en voz del presidente Donald Trump, reconoció que se trató de un “error administrativo”.

Ahora, enfrenta una acusación federal que lo vincula con una presunta red de tráfico de personas, armas y drogas entre 2016 y 2025. Uno de los hechos utilizados por los fiscales ocurrió en 2022, cuando Ábrego fue detenido en Tennessee por conducir con una licencia vencida mientras transportaba a nueve personas. Pese a que entonces no fue imputado por ningún delito, el episodio fue incluido como parte de la evidencia.

“La acusación no tiene sustancia ni pruebas concretas. Lo que ha ocurrido es un abuso de poder y una violación al derecho de defensa”, dijo Moshenberg en conferencia de prensa. Añadió que ni la familia ni los abogados fueron notificados del regreso de Ábrego a territorio estadounidense, y que ahora buscan que el joven testifique sobre las condiciones en las que fue recluido en El Salvador.

Ama Frimpong, directora legal de la organización CASA en Maryland, criticó la falta de transparencia en el proceso, señalando que la esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez, se enteró por los medios del retorno de su esposo. Pese a ello, la familia se mostró aliviada al confirmar que ya se encuentra en EE. UU.

El caso ha generado preocupación incluso dentro del sistema judicial. The New York Times reveló que un fiscal supervisor en Nashville renunció recientemente por su desacuerdo con la manera en que el Departamento de Justicia ha manejado el expediente.

En una decisión previa, la jueza federal Paula Xinis calificó la deportación como “ilegal” y acusó al gobierno de actuar “de mala fe”, al ignorar órdenes judiciales y ocultar información clave. A pesar de ello, la administración Trump pidió desestimar la demanda alegando que Ábrego ya no estaba en suelo estadounidense.

La defensa insiste en que la acusación se basa en una declaración anónima que lo vincula con la pandilla MS-13, pese a que Ábrego nunca ha residido en Nueva York, lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. El equipo legal trabaja ahora en desmantelar los cargos que consideran infundados.

Con información de la agencia EFE