El cumplimiento del derecho genera productividad para las empresas – Edición #86

Uno de los retos –por no decir el principal─ a los que nos enfrentamos cotidianamente los profesionales del derecho en el ejercicio de nuestra profesión, es la cantidad de trámites que debemos realizar en cada entidad de la administración pública para que nuestra pretensión se vea resuelta –o mejor dicho la pretensión de nuestro representado─*.

Estos trámites en la mayoría de ocasiones se vuelven engorrosos, repetitivos y carentes de fundamento legal, afectando e incidiendo en el clima de negocios y la atracción de inversión. Repercutiendo como consecuencia de ello, no solo en el desarrollo del Estado, sino que en la calidad y la eficiencia de los servicios que se brindan a los ciudadanos.

A pesar que todos los abogados hemos sido víctimas en alguna medida de la burocracia que presentan los procesos administrativos de la gestión pública, en la actualidad debemos reconocer los invaluables esfuerzos que se han realizado por parte del Estado para la eliminación de estas barreras, que hasta hace poco habíamos naturalizado como parte de nuestro quehacer jurídico.

Tanto la aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria a través de la que se crea el Sistema de Mejora Regulatoria y como consecuencia de ello, la creación del Organismo de Mejora Regulatoria, nace la “Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas”, a través de la cual se crea el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas. Todos estos avances significan la posibilidad real de que los asuntos que dependen de la buena regulación de la gestión pública, sean resueltos bajo principios universalmente reconocidos como la efectividad, simplicidad y transparencia.

Ambas normativas fueron aprobadas el pasado 12 de diciembre de 2018 y publicadas en el Diario Oficial N. ° 9, Tomo N. ° 422, de fecha 9 de enero de 2019, y cuya vigencia está prevista noventa días después de dicha publicación. Estas leyes presentan una reducción significativa en los pasos y requisitos para los trámites en los que se ve involucrada la administración pública. Es indispensable tener claridad, que de la buena gestión regulatoria dependen diversos proyectos cuyo beneficio colectivo estriba en la razonabilidad de las exigencias para su materialización.

Bajo esta perspectiva, los procedimientos a seguir deben garantizar trámites ágiles, coherentes y apegados a derecho, en los que las pretensiones de quienes demandamos un sistema efectivo, encuentren respuestas sólidas en beneficio de la mayoría bajo principios de legalidad.

La buena práctica del derecho, significa además de cumplir con condiciones fundamentales como la ética, el dotarnos a quienes representamos los derechos de terceros, de herramientas que nos permitan fortalecer la seguridad jurídica y la certidumbre de que los procesos que llevamos a cabo frente a la administración pública, gozan de reglas claras, inequívocas y uniformes, que no solo se mantengan en el tiempo, sino que además erradiquen prácticas que generan dudas en las gestiones que realizamos.

En la actualidad, existen diversos temas que están a la palestra y que figuran como parte de aquellos que podemos denominar como excesivamente “burocráticos”, sin embargo, al no poder referirme a todos, tomaré como muestra el relativo a los trámites aduanales y su impacto negativo en la industria del país.

Como todos sabemos, uno de los grandes sectores de la economía de un país que más dinamismo inyecta a su actividad y que acelera su crecimiento, es la industria, que comprendida como factor de desarrollo y transformación social, debería ser particularmente protegida a través de la emisión de normas que privilegien su fortalecimiento para mejorar la producción que impacta nuestra sufrida economía.

Para lograr este fortalecimiento y como consecuencia el crecimiento económico, es indispensable la erradicación de malas prácticas que conllevan al colapso del sistema. Tal es el caso de la implementación de diversos instructivos que sin ningún tipo de asidero legal, imponen reglas que obstaculizan el comercio exterior, las importaciones y las exportaciones, exigiendo en los trámites aduanales que se le imponen a la industria, el cumplimiento de requisitos que restan fluidez a sus operaciones y que los ponen en situación de desventaja. Esto porque la pérdida de tiempo que generan los trámites burocráticos, lentos, innecesarios y engorrosos que se deben superar –como la doble revisión de documentación─, les restan competitividad al no poder satisfacer en muchos de los casos las necesidades inmediatas de los consumidores o limitar su capacidad para ofrecer en debida forma determinados productos.

En suma, si bien existen avances significativos, aún falta mucho hacer. Sirva este artículo, como aliciente para reconocer los esfuerzos realizados y para reflexionar sobre las necesidades reales de los sectores que impactan de manera positiva nuestra economía.

 *Artículo escrito por Alejandro Solano, socio fundador – Bufete Solano Consultores.