Cuatro principios fundamentales para la gestión de aguas en El Salvador

La profunda crisis de los recursos hídricos en El Salvador, en términos de calidad, cantidad y acceso, es ampliamente reconocida y científicamente documentada. Desechos tóxicos, escorrentía agrícola y aguas negras sin tratamiento contaminan más del 90% de nuestros ríos, lagos y aguas subterráneas y la sobre explotación de mantos acuíferos genera escasez para las comunidades y ecosistemas en todo el territorio nacional.
El obstáculo en el proceso ha sido el debate sobre la institucionalidad del agua y la configuración del ente rector.
En medio de este gran debate, cada día más conflictivo, es útil recordar cuatro principios fundamentales que deben guiar cualquier esfuerzo de legislación de agua para asegurar una gestión equitativa, eficiente y sostenible para todos y todas:

1. Enfoque de derecho:

El primer reto en la formulación de cualquier proyecto de ley de
aguas para El Salvador es asegurar un enfoque de derecho. El agua es fuente de vida. Según Génesis, el agua existía antes de la creación misma. En este sentido, el agua es un bien común, un bien público y un derecho humano fundamental, esencial para el disfrute de otros derechos, como la vida, la salud y el trabajo.

2. Ente rector Estatal (gubernamental):

Si reconocemos al agua como bien público y como derecho humano, es obvio que el Estado tiene la obligación de manejarlo y garantizar el acceso a este bien de manera equitativa, eficiente y sostenible. Según el artículo 117 de la Constitución de la República, es obligación del Estado (gobierno central) cuidar los recursos naturales del país.
También, es obligación del Estado garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Un estudio presentado recientemente por la Universidad Centroamericano José Simeón Cañas (UCA) sobre la institucionalidad del agua en América Latina muestra que ningún país en nuestro continente tiene un ente rector privado para el manejo del agua. De hecho, ningún país del mundo tiene la rectoría del agua en manos privadas.
El sector privado, a través de permisos o concesiones aprobados por el Estado, puede participar en la provisión de servicios técnicos o como usuarios del agua. Pero permitir una institucionalidad rector de agua en manos del sector privado, con el poder de aprobar la política nacional de agua, los planes hídricos nacionales, las prioridades de usos de agua, las tarifas, etc., sería equivalente a privatizar este vital líquido.

3. Participación ciudadana:

La problemática del agua en El Salvador es compleja y urge de soluciones efectivas e integrales. Esto requiere de la participación activa de la ciudadanía. A la par de un ente rector Estatal para la gestión del agua, es importante garantizar un espacio amplio, permanente y dinámico para la participación real de la ciudadanía con poder de influencia en la toma de decisiones del ente rector. Este espacio debe incluir todas las partes interesadas (“stakeholders”) en el agua, incluyendo el sector empresarial, juntas de agua, regantes, gobiernos locales, ambientalistas, organizaciones de mujeres, académicos y otros actores. En la propuesta de la UCA sobre institucionalidad, presentada a la Asamblea Legislativa en Agosto de 2017, este espacio se considera estratégico y se llama el Consejo Nacional de Aguas.

4. Enfoque de Cuenca:

No hay duda que la resolución de la dramática crisis hídrica enfrentando a El Salvador depende de lo que pasa a nivel local – a nivel de la cuenca. Podemos tener la mejor política nacional de aguas en el mundo y, todavía, fracasar en nuestros esfuerzos de buena gobernanza si no hay cambios en la manera en que gestionamos al agua a nivel de la cuenca. Cuando hablamos de cuenca, estamos hablando de más que la cantidad y calidad del agua. Implica tomar en cuenta todos los factores que influyen en la disponibilidad y calidad del agua, incluyendo el bosque, el suelo, el aire, la fauna, etc.
El debate sobre el agua en El Salvador está en un momento definitivo, influido por una gran variedad de intereses económicos, sociales, políticos, ambientales, partidarios y electorales. Es tiempo de reconocer que este tema, para El Salvador, es un tema de vida o muerte. Es un tema de nación, no de partidos políticos ni de ideologías. Es tiempo de dejar los discursos partidarios atrás, buscar consensos a base de los principios aquí planteados y enfocarnos en el bien común y los intereses de nuestra nación.