CSJ y CNJ informan sobre avances para implementar Ley de Procedimientos Administrativos

La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa recibió a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez de Muñoz y a María Antonieta Josa de Parada, presidenta del CNJ, quienes presentaron un informe con los detalles del plan que ejecuta el Órgano Judicial para la implementación y concientización de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Esta normativa contempla agilizar los trámites en el sector público para nuevas inversiones económicas o ampliaciones.

La Ley de Procedimientos Administrativos entrará en vigencia en febrero del próximo año, al respecto, la presidenta de la comisión Margarita Escobar ARENA explicó “la Comisión de Economía no tiene ninguna intención de dar prórroga a la entrada en vigencia de dicha ley, al contrario busca conocer los preparativos que se realizan en distintos órganos del Estado”. “¿Qué va a pasar, si se llega el 3 de febrero y no se ha capacitado a la gente?”, cuestionó Margarita Escobar, presidenta de la Comisión.

La presidenta del CNJ, María Antonieta Josa de Parada detalló que desde el consejo se han enfocado en la capacitación de la comunidad jurídica y en la capacitación hacia el interior del consejo, por ejemplo, en la adecuación normativa a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional -UACI-, Recursos Humanos, Gerencia y personal técnico administrativo del CNJ, esto a fin de brindar la atención que les mandata la ley, explicó.

Informó que se está avanzando en el plan de capacitación de jueces y magistrados que aplicarán la ley. También que han hecho énfasis en capacitar a formadores, que luego multipliquen el conocimiento de la ley. “Es un gran avance esta ley. Todo lo nuevo genera cierto temor, cierta inquietud”, señaló Josa, pero destacó que están avanzando.

Por su parte, la magistrada Dafne Sánchez resaltó la trascendencia que tiene para el país contar con una Ley de Procedimientos Administrativos, la cual define las reglas claras de actuación a la administración pública que no se desarrollan en otra normativa; “por eso es una ley trascendental que urge desde que El Salvador nació a la vida independiente”. Sin embargo, afirmó que en los seis meses que quedan para la vigencia “es posible”, capacitar. “ Estamos a tiempo, creo que sí es posible”, dijo.

La normativa se aplicará al Órgano Legislativo y Judicial, a la Corte de Cuentas de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República, al Consejo Superior de Salud Pública, al Tribunal Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Esta Ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública.