CSJ revisó declaraciones patrimoniales a varios funcionarios

La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revisó declaraciones patrimoniales a varios funcionarios. Hasta el momento solo era una oficina receptora de documentos, pero en las últimas semanas ha ordenado juicios por presunción de enriquecimiento ilícito a varios funcionarios públicos. La ley de probidad se creó en 1959, y desde que ha estado funcionando solo había logrado éxito en el caso de ANDA.

De acuerdo a profesionales del derecho la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, es una ley obsoleta ya que cobra multas desde cien colones hasta cinco mil colones. Dinero que es muy bajo y que ya no se acopla a la época actual y no hay sanción para aquellos funcionarios que presenten incompleta la declaración patrimonial. En 2006 fue presentada una propuesta de ley en donde se establecía una multa de cinco salarios mensuales del funcionario infractor y no hubo avances. En octubre de este año se presentó otra propuesta de ley donde la multa puede ser hasta de $26,400, así como la destitución y la inhabilitación por cinco años a los funcionarios. Propuesta que aún no ha sido aprobada en el Pleno Legislativo.