Cristosal solicita no afectar programas sociales con ley de agentes extranjeros

Ayer, la organización Cristosal emitió un comunicado con sus consideraciones sobre la propuesta de ley presentada por el Ministerio de Gobernación para regular a los agentes extranjeros que realicen donativos a entidades de la sociedad civil.

Cristosal señala que ante la propuesta de ley de registro de agentes extranjeros las organizaciones de la sociedad civil tienen mecanismos de transparencia y rinden cuentas a sus donantes, al Estado y a la población salvadoreña beneficiada con los programas y proyectos sociales; cuentan con auditorías y ejecutan sus actividades con estricto apego a las leyes que regulan el accionar de las organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra el registro de sus donaciones a cargo del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, señalan que la propuesta de ley no contribuye a transparentar lo que ya está normado, sino que vuelve inviable el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos y restringiéndo a la población los beneficios de la solidaridad internacional.

«Además, la propuesta parte del principio de presunción de que cualquier organización que trabaja con financiamiento externo responde a una injerencia, ignorando que toda subvención posee un diseño de proyecto formal, formulado de forma participativa a partir de los intereses de los beneficiarios, con objetivos establecidos y resultados esperados», señala Cristosal.

Acusan a la normativa de vulnerar el derecho de organización y asociación de trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, criminalizándolos y estigmatizándolos.

Cristosal afirma que la normativa cuenta con conceptos jurídicos imprecisos que podrían ser utilizados de forma arbitraria para la cancelación de personería jurídica de las asociaciones y fundaciones defensoras de derechos humanos.

Señalan que este año Cristosal ha atendido a más de 500 personas con acciones de protección (como ayuda humanitaria, asistencia legal, atención psicosocial), más de 360 personas con educación en DDHH y representamos a 113 sobrevivientes y familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad de las masacres del Mozote y el Calabozo.