Cristosal solicita investigación por presuntas irregularidades en asignación de PPI

Este día, Cristosal interpuso una denuncia en la Corte de Cuentas de la República para que investigue presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para brindar seguridad de agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI)

La PPI es una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), y según la denuncia fue utilizada para favorecer a personas que no están comprendidas en la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, acciones ejecutadas por órdenes presuntamente emitidas por el titular de la PNC, Mauricio Antonio Arriaza Chicas.

La denuncia parte de una investigación publicada por Revista Factum donde señala que el Estado salvadoreño ha brindado protección especial a diversas personas que no se encuentran comprendidas en la ley que regula este beneficio, como empresarios, dirigentes de partidos y operadores políticos, violando dicha ley y el instructivo para la contratación de personal supernumerario de la PNC.

La nota periodística citó como fuente diversos documentos que fueron filtrados por el grupo de hacktivistas denominado Guacamaya, algunos de esos documentos incluyen: «reportes oficiales, con firma y sello policial» que dan cuenta de que el empresario y operador político, Herbert Saca, tenía servicio de seguridad pagado por el Estado «desde enero de 2020 hasta al menos diciembre de 2021»

En la denuncia presentada, también se nombra a otras personas que habrían sido beneficiadas con protección y que no son funcionarios ni califican como «persona de alto riesgo».

Entre estas, José Luis Merino, exfuncionario y dirigente político del FMLN; Léster Toledo, ciudadano venezolano y presunto exasesor de la Presidencia de la República de El Salvador; Kriscia Fuentes, quien ostenta el cargo de Consejera Nacional del Partido Nuevas Ideas; Salvador Alas (La Choly) exfuncionario y actual Gerente General de Grupo Samix; y Adolfo Salume Artiñano, empresario salvadoreños que tiene además un beneficio adquirido por ser «cónsul honorario de Jamaica», calidad que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley.

Cristosal solicita a la Corte de Cuentas de la República la admisión de la denuncia, un examen especial sobre el uso de los fondos públicos para la contratación de personal supernumerario y un examen sobre los procedimientos realizados para asignar protección especial a estas personas.