Cristosal denuncia tortura a personas detenidas durante régimen

La organización de derechos humanos Cristosal presentó este día un informe sobre el primer año del régimen de excepción en El Salvador, que documenta graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades salvadoreñas desde que adoptaron esta medida el 27 de marzo de 2023 para combatir a las pandillas.

El informe se titula «El Salvador: evidencias de graves abusos en el estado de emergencia» y se basa en 43 entrevistas con víctimas, familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en la revisión de fotografías, expedientes judiciales y registros médicos que corroboran los testimonios. El informe también contó con la opinión de expertos forenses independientes del Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT).

Según el informe, la organización documentó 139 muertes durante el primer año del régimen, es decir, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres. Ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención. Hasta abril de 2023, la cifra de muertes registradas por Cristosal era de 153.

El informe detalla que la mayoría de los cuerpos mostraban signos de tortura, golpes o estrangulamiento. Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penales fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas. Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición.

El informe también revela que las autoridades han practicado detenciones arbitrarias masivas que constituyen el punto de entrada a un ciclo de terror que incluye la imposición de penas anticipadas de facto y juicios sin garantías procesales mínimas. Asimismo, el informe aborda la situación específica de las mujeres, niñas, niños adolescentes y población LGTBIQ+, así como las reformas judiciales que limitan o imposibilitan garantías judiciales básicas.

El informe concluye que las violaciones de derechos humanos son una práctica sistemática. El informe recomienda al gobierno salvadoreño que reconozca la gravedad de la situación, que investigue y sancione a los responsables, que repare a las víctimas y que adopte medidas para prevenir nuevos abusos. El informe también insta a la comunidad internacional a monitorear y exigir el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Cristosal hizo un llamado al Estado salvadoreño para que aclare las condiciones de los detenidos en los centros penales, respete el debido proceso, libere a las personas inocentes, responda por las muertes bajo su custodia, brinde toda la información necesaria a su familia y termine con estas prácticas amparadas en un régimen de excepción inconstitucional.