Cristosal denuncia inconstitucionalidad de régimenes especiales de contratación pública

La asociación Cristosal interpuso tres demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra tres leyes que establecen régimenes especiales a la contratación por, presuntamente, favorecer la corrupción y falta de transparencia.

Las inconstitucionalidades son contra la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico; Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales.

Las normativas facultan a las instituciones responsables de las obras no aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), sino usar en su lugar una normativa específica emitida por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) del Ministerio de Hacienda.

Cristosal denuncia que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para aprobar un sistema de contratación estatal que de forma absoluta prescinda de la licitación pública, como está detallado en la Constitución en el artículo 234.

En el caso del Tren del Pacífico, argumenta que la Asamblea facultó al Ministerio de Hacienda para que configure todo el sistema de contrataciones públicas, desde la solicitud, hasta la adjudicación, sin existir competencia libre, ni convocatoria pública abierta.

También permite que una misma institución ejerza facultades legislativas y ejecutivas, permitiendo al Ejecutivo autoconfigurar la normativa que posteriormente aplicará, ejerciendo no solo funciones administrativas, sino puramente legislativas.