Cristosal anuncia acciones ante fraude y falta de transparencia de Chivo Wallet

Cristosal anunció tres acciones legales, a nivel nacional e internacional, para exigir transparencia en el uso de fondos en la compra de bitcóin, así como para que el Estado responda a los afectados por la empresa Chivo S.A de C.V.

Cristosal señala como perjudicial la reserva de información en la entrega de recursos públicos a través de fideicomisos, la adquisición de todo el montaje físico y virtual de la plataforma de la billetera digital promovida desde el Gobierno; y la existencia de fraude por hurto de identidad en Chivo Wallet.

La primera acción que señala Cristosal es la presentación de una inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL). Estas reformas permiten la reserva de toda la información relativa a las operaciones de los fideicomisos que BANDESAL administre, como FIDEBITCOIN, constituido con $150 millones, y FIREMPRESA, de $600 millones.

«La falta de transparencia deja a la ciudadanía sin conocer a los beneficiados, las cantidades o las razones de los otorgamientos de fondos. En el caso de FIDEBITCOIN, además, entregó fondos públicos a cuentas fraudulentas que implicaron que miles de personas resultaran víctimas de hurto de identidad bajo el total silencio del Estado salvadoreño y sin que existan mecanismos de protección para la ciudadanía», señala Cristosal.

La segunda acción realizada es ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que informe el estado de la denuncia interpuesta sobre la continuidad de las diligencias de la investigación del uso de recursos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcóin.

Por último, Cristosal señala que ha transcurrido un año sin respuesta al amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional contra la empresa Chivo S.A de C.V por 228 víctimas. Por tanto, la tercera acción es elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño por no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada y autodeterminación informativa de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.