Corte Suprema y Fiscalía refuerzan lucha contra el lavado de dinero con acuerdo de capacitación para abogados y notarios

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) suscribieron una carta de entendimiento con el propósito de fortalecer la prevención del lavado de dinero y activos mediante asistencia técnica y formación especializada dirigida a abogados y notarios del país.

El documento fue firmado por el magistrado de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos de la CSJ, Héctor Nahun Martínez García, y por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. El acuerdo formaliza una alianza estratégica interinstitucional que busca cerrar brechas de vulnerabilidad en el sistema legal y financiero, y posicionar a los profesionales del Derecho como actores clave en la detección y prevención de actividades ilícitas.

La iniciativa contempla procesos de capacitación continua y asistencia técnica especializada, que permitirán a los abogados y notarios cumplir de manera más eficaz su rol como sujetos obligados, tal como lo establece la normativa nacional e internacional sobre prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El convenio forma parte de los esfuerzos coordinados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y cuenta con el respaldo técnico de Global Financial Integrity (GFI), una organización internacional con amplia experiencia en el combate a los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. La participación de GFI busca garantizar que las metodologías y contenidos de los procesos formativos estén alineados con los más altos estándares internacionales.

Durante la firma del acuerdo, las autoridades subrayaron la importancia de una colaboración sostenida entre las instituciones del Estado y los operadores jurídicos para enfrentar con eficacia los delitos financieros, que representan una seria amenaza para la integridad del sistema económico y judicial del país.