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Corte Suprema recuerda a los abogados aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó a los abogados y notarios la importancia de aplicar medidas preventivas para evitar ser utilizados en casos de lavado de activos. El mensaje fue difundido por medio de sus redes sociales oficiales, en el marco de las obligaciones establecidas por los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Abogados deben cumplir con la Recomendación 22 del GAFI

La CSJ destacó que la Recomendación 22 del GAFI incluye a los abogados y notarios dentro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Por ello, estos profesionales deben aplicar los requisitos de debida diligencia del cliente y mantener registros actualizados, conforme a las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 del organismo internacional.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia en las operaciones jurídicas y financieras, y prevenir que los servicios profesionales sean utilizados como medio para ocultar o legitimar fondos de origen ilícito.

Actividades sujetas a control preventivo

Según la normativa, los abogados y notarios deben aplicar controles reforzados cuando participen en actividades como:

Compra y venta de bienes inmobiliarios.

Administración de dinero, valores u otros activos del cliente.

Administración de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.

Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras legales.

Estas disposiciones buscan garantizar que los profesionales del Derecho cumplan con los estándares de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, promoviendo un entorno legal más seguro y transparente.

Compromiso institucional y responsabilidad profesional

La Corte Suprema de Justicia reiteró que los abogados y notarios desempeñan un rol clave en la detección temprana de posibles operaciones ilícitas, por lo que deben ejercer su labor con ética, prudencia y responsabilidad.

El cumplimiento de las recomendaciones internacionales no solo evita sanciones legales, sino que también fortalece la credibilidad y la integridad del ejercicio profesional.

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