Corte Suprema reafirma validez jurídica de la Firma Electrónica Certificada para Profesionales ante inminente entrada en vigencia de reformas al Notariado

A pocos días de que entren en vigor las reformas a la Ley de Notariado —programadas para el 1 de diciembre de 2025— la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un mensaje clave dirigido a los profesionales del Derecho:
la Firma Electrónica Certificada para Profesionales tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita y garantiza mayor seguridad en los trámites notariales digitales.

El pronunciamiento busca reforzar la confianza y orientar a los notarios sobre el rol central que jugará esta herramienta dentro del nuevo esquema de digitalización del notariado salvadoreño.

La Firma Electrónica Certificada: seguridad y validez legal garantizada
Según la CSJ, la transición hacia procesos digitales no disminuye la seguridad jurídica; al contrario, la fortalece. La Firma Electrónica Certificada se sustenta en estándares técnicos y legales que permiten asegurar la identidad del profesional y la integridad de los documentos firmados.

¿Cómo funciona este tipo de firma?

Se basa en un certificado electrónico emitido por una entidad acreditada, específicamente la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía.

• Permite verificar la identidad del firmante y la inalterabilidad del documento emitido electrónicamente.
• Posee igual valor jurídico que una firma autógrafa.
• Está regulada por la Ley de Firma Electrónica, lo que garantiza su validez y reconocimiento en el ámbito legal y administrativo.
  La CSJ destacó que estos elementos convierten a la Firma Electrónica Certificada en un instrumento confiable para la autenticación de documentos dentro del nuevo proceso notarial digital.

Digitalización del notariado salvadoreño
Aunque el mensaje de la Corte se centra en la validez de la firma electrónica, se da en el marco de la transformación que vivirá el notariado público. Las reformas a la Ley de Notariado, aprobadas desde 2022 mediante el Decreto Legislativo n.° 555, fueron reprogramadas —a solicitud de la CSJ— para entrar en vigencia el 1 de diciembre de 2025, con el fin de permitir una implementación tecnológica progresiva y la capacitación de notarios y usuarios.

Este proceso incluye el uso del Protocolo Digital, la digitalización de libros de protocolo y la emisión electrónica de testimonios y actas.

Un llamado a la confianza y a la preparación profesional
Con su mensaje, la CSJ envía una señal de certidumbre al gremio notarial: la transición hacia un entorno digital es segura, regulada y jurídicamente válida. La Firma Electrónica Certificada será la herramienta que permitirá a los profesionales ejercer su labor con plena seguridad jurídica en la nueva etapa que inicia