Corte Suprema juramenta a 150 nuevos abogados y refuerza formación en prevención de lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador incorporó oficialmente a 150 nuevos abogados a la práctica profesional del país, en un acto encabezado por el presidente de la institución, Henry Alexander Mejía. La ceremonia destacó no solo la formalización del ejercicio profesional, sino también la orientación ética y técnica que acompañará a los juramentados en su labor cotidiana.

Como parte del evento, los nuevos abogados recibieron el Manual para la Prevención de Lavado de Activos, documento que refuerza la responsabilidad de los profesionales del derecho en la identificación y mitigación de riesgos asociados a delitos financieros. Esta entrega forma parte de una estrategia institucional para garantizar que los abogados cumplan de manera efectiva con las normativas nacionales e internacionales en materia de lavado de activos.

El acto contó con la participación de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de los miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado, incluyendo a José Ernesto Clímaco Valiente, presidente; Fernando Galo; y Miguel Elías Martínez Cortez. La asistencia también incluyó a Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional, quien destacó la importancia de la formación continua y la ética profesional en el ejercicio del derecho.

Durante su intervención, Mejía subrayó la trascendencia de la profesión legal en la sociedad y la necesidad de que los abogados actúen con integridad y compromiso frente a la ley.

La juramentación de los 150 abogados representa, de acuerdo a la Corte, la consolidación de un grupo de profesionales preparados para enfrentar los desafíos del ejercicio jurídico, con responsabilidad y respeto a las normas nacionales e internacionales.

Este acto refuerza la línea de trabajo de la Corte Suprema de Justicia orientada a fortalecer la profesionalización de la abogacía en El Salvador, promoviendo tanto la actualización normativa como la capacitación en áreas críticas como la prevención de delitos financieros, contribuyendo así a un sistema legal más sólido y confiable.