Corte Suprema de Justicia refuerza su campaña antisoborno

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Corte Plena como máxima autoridad del Órgano Judicial, continúa promoviendo y fortaleciendo su política antisoborno con la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, basado en la Norma Internacional ISO 37001, en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas y su respectivo reglamento. Esta decisión, de acuerdo a la institución, reafirma el compromiso institucional con la imparcialidad, la independencia judicial, la integridad, la ética, la transparencia y la honestidad en la administración de justicia.

Con esta medida, la Corte Plena adopta oficialmente una Política Antisoborno de obligatorio cumplimiento, que amplía su alcance no solo al personal judicial, sino también a todos los actores que interactúan con el Órgano Judicial. La política aplica a servidores judiciales, oferentes y proveedores de bienes, obras y servicios, entidades gubernamentales y no gubernamentales, entes reguladores, organismos internacionales y a toda persona natural o jurídica que solicite o utilice los servicios de las sedes judiciales, dependencias jurídicas y administrativas, así como del Instituto de Medicina Legal a nivel nacional.

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 representa un paso estratégico para consolidar una cultura institucional orientada a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de los controles internos. Entre los principales objetivos del sistema se encuentra la prevención del soborno mediante el control y la trazabilidad de la operatividad de los procesos y sus interacciones, a partir de la identificación y el tratamiento oportuno de los riesgos asociados.

Asimismo, la Corte Suprema busca reducir de manera significativa el riesgo de soborno dentro de la institución, fortaleciendo la cultura de integridad y promoviendo la sensibilización continua del personal en temas de ética, antisoborno y anticorrupción. Este esfuerzo se materializa a través de programas de formación continua dirigidos tanto al personal judicial como a otras partes interesadas que mantienen vínculos con el sistema de justicia.

Otro de los ejes centrales del Sistema de Gestión Antisoborno es el fortalecimiento de la eficacia en la gestión de riesgos, especialmente aquellos vinculados al soborno. Para ello, se contempla la aplicación de medidas de debida diligencia dentro de los procesos institucionales, con el fin de garantizar que las decisiones administrativas y operativas se adopten bajo criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

La política también incorpora mecanismos para la gestión de denuncias relacionadas con actos o sospechas de soborno, a través de los canales institucionales establecidos. Estos mecanismos buscan ofrecer garantías de confidencialidad y protección, promoviendo la participación activa de la ciudadanía y de los actores internos en la detección y prevención de prácticas corruptas.

Con la adopción de la Norma ISO 37001 y la política antisoborno de cumplimiento obligatorio, la Corte Suprema de Justicia procura avanzar en su rol como garante de la legalidad y la transparencia, y envía un mensaje claro de tolerancia cero frente al soborno y la corrupción, consolidando así la confianza pública en el sistema judicial y en la correcta administración de justicia.