Corte Suprema de EE. UU. ordena corregir deportación irregular de salvadoreño y facilitar su retorno desde prisión en El Salvador

En una decisión que pone en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y las políticas migratorias, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una orden judicial que obliga al Gobierno federal a facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado indebidamente a El Salvador pese a tener protección legal vigente.

El fallo del máximo tribunal valida la posición de la jueza federal Paula Xinis, quien resolvió que la expulsión de Abrego García se realizó en violación de una orden judicial previa y que su caso debe continuar tramitándose “como si nunca hubiera salido del país”. La Corte instó al Gobierno a colaborar con las autoridades salvadoreñas para liberar al inmigrante y tomar las medidas necesarias para reparar la deportación forzada.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se hiciera pública la detención de Abrego García en Maryland mientras conducía junto a su hijo de cinco años, quien tiene autismo. Sin previo aviso y sin posibilidad de apelar, fue trasladado a Texas y posteriormente deportado a El Salvador el 15 de marzo, en un vuelo que compartió con presuntos pandilleros. Una vez en su país natal, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miles de presuntos miembros de pandillas.

Un caso que expone las grietas del sistema migratorio
La defensa del joven salvadoreño, quien emigró siendo adolescente tras recibir amenazas de pandillas, asegura que su cliente no tiene antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales. Sus abogados han calificado su situación como una “tragedia kafkiana”, denunciando la ejecución de la deportación sin respeto al debido proceso ni notificación legal, en abierta violación de las garantías judiciales.

Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, particularmente en casos donde las decisiones chocan con órdenes emitidas por tribunales federales. La administración del expresidente Donald Trump, bajo la cual se produjo la deportación, reconoció el hecho como un “error administrativo”, pero luego sostuvo que no tiene capacidad de revertirlo al tratarse de una persona ya bajo custodia extranjera.

Un símbolo del choque de poderes
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., había emitido una suspensión temporal horas antes de que venciera el plazo impuesto por la jueza Xinis para el regreso de Abrego García. Finalmente, con el respaldo del resto del tribunal, la orden se volvió definitiva, marcando un precedente relevante en casos similares.

Este fallo representa una victoria para quienes defienden el debido proceso en asuntos migratorios y plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad del Estado cuando se cometen errores que afectan derechos fundamentales. Además, se convierte en un caso emblemático de los impactos humanos que pueden generar las políticas de deportación agresiva, especialmente cuando se ejecutan al margen de los tribunales.