Corte Suprema cuenta con 725 facilitadores judiciales en todo el país

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuenta con 725 facilitadores judiciales en 10 de los 14 departamentos del país, cuya función es promover la cultura de la y seguridad ciudadana.
El servicio de estos está disponible en 78 Juzgados de Paz en Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.

Los facilitadores judiciales, que llevan 10 años funcionando, se han convertido en una pieza clave para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia en la resolución de conflictos. Estos profesionales, con un papel cada vez más relevante, buscan aliviar la carga de los tribunales y proporcionar soluciones rápidas y equitativas a los ciudadanos.
Los facilitadores judiciales son personas capacitadas que actúan como intermediarios entre las partes en conflicto y el sistema judicial.

Su función principal es asistir en la resolución de disputas mediante métodos alternativos como la mediación y la conciliación.
Esta labor busca ofrecer soluciones rápidas y menos costosas que los procesos judiciales tradicionales, lo que ayuda a descongestionar los tribunales y reducir los tiempos de espera.
El crecimiento de este modelo en El Salvador se enmarca dentro de una serie de reformas diseñadas para modernizar el sistema judicial del país.

Según la Oficina de la Procuraduría General de la República, la implementación de facilitadores judiciales ha demostrado ser efectiva en la reducción de la carga de casos en los tribunales.
En el último año, el uso de estos facilitadores ha resultado en una disminución del 20% en el número de casos pendientes de resolución, lo que marca un avance significativo en la eficiencia del sistema.
Además de su papel en la mediación de conflictos, los facilitadores judiciales también están involucrados en la educación legal.

Realizan talleres y sesiones informativas para que la ciudadanía entienda mejor sus derechos y los mecanismos disponibles para resolver conflictos sin recurrir a los tribunales. Este enfoque preventivo es esencial para mejorar la comprensión pública sobre la ley y promover una cultura de resolución pacífica de disputas.
Este modelo de servicio también se ha desarrollado en países de Centroamérica, Paraguay y Argentina.