Corte Suprema convoca a abogados interesados en obtener autorización como ejecutores de embargo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invitó a los abogados del país a iniciar el trámite de autorización para convertirse en ejecutores de embargo. La institución, a través de la Sección de Investigación Profesional, publicó la guía oficial de requisitos e instrucciones para quienes deseen aplicar.

Según la CSJ, la convocatoria busca reforzar el registro de profesionales habilitados para esta función, regulada por la Ley Orgánica Judicial. Los abogados pueden solicitar información o aclarar dudas mediante el correo investigacion.profesional@oj.gob.sv
o al número 2231-8300, extensión 3352.

Requisitos legales para ejercer como ejecutor de embargo

La institución recordó que solo podrán desempeñar este cargo quienes cuenten con la autorización de la Sección de Investigación Profesional, tal como dispone el artículo 106 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ). El proceso exige que el aspirante cumpla con los siguientes requisitos:

Ser salvadoreño.

No tener incapacidad legal para ejercer el cargo.

Contar con moralidad y competencias notorias.

Ser abogado de la República.

Aprobar el examen de suficiencia para la función.

Presentar una fianza por un año, equivalente a cinco salarios mínimos del sector comercio y servicios, que garantice el desempeño fiel y legal del cargo.

Además, el artículo 107 de la LOJ detalla las incapacidades para ejercer esta función. No podrán postularse personas ciegas, mudas o sordas; quienes tengan discapacidad mental; ni quienes hayan sido condenados por delitos dolosos mientras dure el periodo señalado en la sentencia, incluso si tienen medidas de libertad restringida.

Guía de autorización ya está disponible para los aspirantes

La Corte Suprema recomienda a los interesados revisar con detalle la guía, ya que cualquier incumplimiento puede generar demoras en el trámite. La documentación incluye pasos, plazos y referencias legales para completar la solicitud de autorización como ejecutor de embargo.

La CSJ informó que busca garantizar que los procesos de embargo se desarrollen bajo criterios de legalidad, transparencia y control profesional.