Continúa estudio del paquete de reformas para la Ley de Inclusión

La Comisión de la Familia de El Salvador continúa la evaluación de la propuesta de reforma de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la reforma busca actualizar la normativa vigente.

Entre las modificaciones propuestas en el marco legal, se contempla la emisión de un carnet de discapacidad para brindar beneficios a estas personas y ejecutar estrategias inclusivas que eviten la discriminación.

Asimismo, se pretende asegurar el acceso de las personas con discapacidad a empleos y formación profesional. Para lograrlo, se establecerá una cuota que las empresas privadas y del Gobierno deberán cumplir según las directrices del Ministerio de Trabajo. También se busca garantizar el acceso pleno a la educación, la salud y el apoyo a iniciativas emprendedoras.

La normativa también consigna que toda institución pública y privada está obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio. Además, se asegura el acceso de las personas con discapacidad a créditos, seguros médicos, transporte público accesible y el derecho a formar una familia. El Ministerio de Educación también se compromete a proporcionar personal de apoyo cuando un alumno con discapacidad lo necesite.

La reforma incluye la eliminación del Tribunal Sancionador, trasladando sus facultades al Consejo Nacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), específicamente a la Unidad de Cumplimiento de Derechos. Esta unidad ejercerá la autoridad administrativa para conocer y sancionar las vulneraciones de derechos reconocidos en la ley.

Es importante destacar que, aunque la normativa general entró en vigencia en enero de 2021, las sanciones por violaciones a la normativa se han prorrogado en cuatro ocasiones.

La reforma consta de 94 artículos y busca modificar el contenido de 90 artículos de la ley existente. Uno de los cambios notables en la propuesta es el beneficio económico para las personas con discapacidad. En la ley actual, se establece que estas personas tienen derecho a una pensión universal después de una evaluación realizada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la reforma propuesta retrasa la implementación de este beneficio hasta 24 meses después de su entrada en vigor, es decir, al menos hasta 2025.

Además, se elimina la creación de un fondo especial exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión, y se establece que los fondos provenientes de las sanciones sean transferidos al CONAIPD quien será el encargado de la administración de un fondo.