Condenan a 52 pandilleros en el primer juicio colectivo desarrollado bajo el régimen de excepción

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado dictó sentencia contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, de Soyapango, imponiendo penas que oscilan entre los 21 y 45 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este es el primer juicio masivo realizado tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Condenas según su rol en la pandilla
Los procesados fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2022 y condenados de acuerdo con el papel que desempeñaban dentro de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran ranfleros, palabreros, homeboys y colaboradores, pertenecientes a diferentes sectores de Soyapango, como El Progreso, Villa de Jesús, Montes de San Bartolo y Los Ángeles.
Entre los condenados con las penas más altas se encuentran:

• Víctor López Mármol, alias Black (Villa de Jesús) – 45 años de prisión (ranflero).
• José Mauricio Aguiluz Portillo, alias Repollero (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Dennis Humberto Velásquez García, alias Sol (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Sigfredo Alejandro Trujillo Hernández, alias Pollo (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
• Rafael Antonio Medrano Bonilla, alias Sombra (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
  Otros integrantes, como Erick Antonio Blanco Laínez y Juan Jeremías Martínez Escobar, recibieron penas de 28 años, mientras que 14 colaboradores fueron sentenciados a 21 años de cárcel.

Juicios masivos bajo críticas
El proceso se llevó a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia. Toda la información fue proporcionada por la FGR a través de comunicados oficiales.
Desde julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones que permiten a la Fiscalía enjuiciar en bloque a presuntos pandilleros, agrupándolos según su clica y estructura criminal.
Esta medida, que estará vigente por dos años, ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.