Con 57 votos la Asamblea aprueba ley que grava con 30 % a ONG financiadas desde el extranjero y exige su registro oficial

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior a registrarse ante el Estado y a pagar un impuesto del 30 % sobre cada donación recibida, ya sea en dinero o especie. La norma fue votada con 57 votos a favor, bajo una dispensa de trámite.

El nuevo marco legal establece la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), adscrito al Ministerio de Gobernación. Cualquier persona natural o jurídica —nacional o extranjera— que desarrolle actividades en El Salvador con apoyo económico foráneo deberá inscribirse en este registro dentro de un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la ley. Quienes no lo hagan no podrán operar ni recibir financiamiento.

Fiscalización estricta y sanciones severas
La normativa también prohíbe realizar actividades con fines políticos que puedan considerarse como alteración del orden público o amenaza a la seguridad nacional, si estas son financiadas por entidades extranjeras. Las multas por infringir la ley oscilan entre $100,000 y $250,000.
El impuesto será retenido automáticamente por instituciones financieras al momento de ejecutar cualquier transferencia relacionada con un “mandante extranjero”, término que la ley define ampliamente e incluye gobiernos, partidos políticos, empresas y fundaciones extranjeras.

Debate político y advertencias
Mientras la diputada oficialista Suecy Callejas defendió la ley como un mecanismo de transparencia y soberanía nacional —“queremos saber quién financia y dirige las organizaciones que operan en nuestro país”, dijo—, desde la oposición refutaron el planteamiento.

La aprobación se da tras un anuncio del presidente Nayib Bukele, quien vinculó el nuevo impuesto con la solución a conflictos sociales, como el reciente caso del desalojo de familias en la cooperativa El Bosque.

Según Bukele, con los fondos recaudados se podrían cubrir las necesidades de más de 300 familias afectadas por órdenes judiciales de desalojo.

El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, comparó la ley con regulaciones existentes en países como Australia, Francia y Corea del Sur.