El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, participó en una visita a la Aduana Marítima del Puerto de Acajutla. Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado en Anticorrupción Aduanera, que busca fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos en materia aduanera, con un enfoque en la lucha contra la corrupción en este sector.

La jornada estuvo centrada en el análisis de temas como la obligación tributaria aduanera y las implicaciones del comercio exterior. El Diplomado, en el que participan jueces y colaboradores de las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Penal, abordó el módulo III, titulado «Obligación Tributaria Aduanera». 

Este módulo permitió a los participantes profundizar en cuestiones esenciales, como los tributos relacionados con las operaciones de comercio internacional, la clasificación arancelaria y el origen de las mercancías.

Como parte de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del puerto y observar los procesos operativos de carga y descarga de contenedores, lo que les permitió conectar de manera práctica los conocimientos adquiridos con los procesos reales que se desarrollan en el ámbito aduanero.

A esta visita asistieron Berta Nayelly Loya, jefa de la Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Mylène Paradis, embajadora de Canadá; Benjamín Mayorga, director general de Aduanas; Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico; y Miguel Ángel Calero, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, quien estuvo acompañado de los consejales del pleno.

Este tipo de actividades refuerzan la cooperación entre las diversas instituciones involucradas en la gestión aduanera y promueven la integración de esfuerzos en la lucha contra la corrupción en este campo clave para la economía nacional.

Costa Rica busca revitalizar su imagen de país seguro mediante la adopción de estrategias exitosas contra la violencia. Una delegación del gobierno costarricense, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Ronald Campos Valverde, y el viceministro Juan Carlos Arias Agüero, visita El Salvador para estudiar el modelo de seguridad implementado bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

Durante su visita a San Salvador, los representantes costarricenses se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien compartió con ellos las experiencias y políticas que han transformado la situación de seguridad en el país centroamericano. 

Entre las principales estrategias destacaron el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, herramientas que han permitido a El Salvador reducir de manera drástica los índices de criminalidad y convertir al país en un referente de seguridad en la región.

“El Salvador es un ejemplo de cómo se pueden recuperar los niveles de seguridad que todos deseamos. Costa Rica también quiere ser un país seguro, un país de paz», comentó Campos Valverde durante una rueda de prensa conjunta con Villatoro. 

El ministro de Justicia y Paz costarricense también destacó el interés de su gobierno por utilizar los recursos necesarios para erradicar la violencia y enviar a prisión a aquellos que no respetan la ley.

En cuanto a las experiencias compartidas, Villatoro enfatizó que las políticas de seguridad de El Salvador se basan en datos y resultados concretos, no solo en discursos. 

«Es un honor poder compartir nuestra experiencia con Costa Rica, un país que siempre fue un referente de paz y seguridad, y ahora también enfrenta los retos de la violencia», expresó Villatoro.

Costa Rica afronta un problema de inseguridad sin precedentes, con la violencia criminal marcada por el narcotráfico.

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación.

China ha intensificado su enfrentamiento con Estados Unidos en respuesta a la reciente imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Pekín anunció la implementación de aranceles del 34 % sobre todos los productos provenientes de Estados Unidos, lo que marca un paso significativo en la escalada de la guerra comercial entre ambas potencias. 

Además de este golpe económico, el gobierno chino presentó una demanda formal ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), acusando a Washington de violar las reglas internacionales y de perjudicar los derechos de otros miembros de la organización.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino subrayó que las medidas adoptadas por Estados Unidos no sólo afectan a los intereses legítimos de China, sino que también socavan el orden económico y comercial internacional basado en normas multilaterales. Según Pekín, la imposición de los aranceles estadounidenses representa una amenaza para la estabilidad global y pone en peligro el sistema comercial internacional.

Además de la respuesta arancelaria, China ha decidido restringir sus exportaciones de tierras raras, un recurso clave para la industria tecnológica, especialmente en la fabricación de productos electrónicos avanzados y equipos militares. 

Estos materiales, que incluyen el samario, disprosio y terbio, son esenciales para sectores como la informática y la energía renovable, lo que agrega un nuevo nivel de complejidad a la disputa.

El Ministerio de Finanzas de China anunció que estos nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 10 de abril, lo que intensifica aún más la presión sobre las empresas estadounidenses que dependen del mercado chino. La medida afecta especialmente a sectores como la agricultura y la manufactura, donde los productos como el sorgo y la harina de huesos provenientes de Estados Unidos ya no serán importados por el gigante asiático.

Por su parte, Trump no tardó en reaccionar. En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente estadounidense afirmó que China «se equivocó» y «entró en pánico» al imponer estas represalias. 

Además, Trump insistió en que la postura de Pekín no era algo que Estados Unidos podía permitir, reflejando el tono desafiante de su administración en cuanto a la política comercial internacional.

La escalada de la disputa comercial ha tenido un impacto directo en los mercados financieros. La Bolsa de Valores de Estasos Unidos sufrió una de sus peores caídas desde el inicio de la pandemia de COVID-19, después de que Trump anunciara un aumento adicional de los aranceles sobre productos chinos. Los índices bursátiles en Europa también cayeron considerablemente, con pérdidas superiores al 3% en mercados clave como el Reino Unido, Alemania y Francia.

A nivel global, los inversionistas se muestran cada vez más preocupados por las consecuencias económicas de esta guerra comercial. Los analistas temen que los nuevos aranceles puedan llevar a un aumento generalizado de los precios y frenar el crecimiento económico tanto en EE.UU. como en el resto del mundo. 

El impacto se ve reflejado en la volatilidad de los mercados, con una venta masiva de acciones que afectó a los mercados de valores de todo el planeta.

En el contexto de estas tensiones, Pekín también ha dado un paso más en su estrategia comercial al imponer restricciones sobre las exportaciones de tecnología estadounidense. 

Se ha añadido a 16 entidades de EE.UU. a su lista de control de exportaciones, lo que les prohíbe vender productos de doble uso —tanto civiles como militares— a China. Entre estas empresas se encuentran gigantes tecnológicos que podrían verse seriamente afectados por las restricciones.

A medida que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo se intensifica, las repercusiones en el comercio global y los mercados financieros parecen ser cada vez más profundas. Los analistas advierten que la disputa no solo afectará a las empresas de ambos países, sino que también tendrá un impacto negativo en las economías de todo el mundo, especialmente en un momento ya complicado debido a la recuperación tras la pandemia. La situación sigue siendo incierta, y las medidas adoptadas por ambos gobiernos podrían dar lugar a nuevas reacciones y escaladas en los próximos meses

La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado una campaña informativa con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial del país. La campaña busca resaltar la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, alineándose con los principios establecidos en el Código de Ética Judicial.

La honestidad, pilar fundamental de la función judicial

Uno de los aspectos clave de esta campaña es la promoción de la honestidad como valor esencial en la conducta de jueces y juezas. 

Según el artículo 12 del Código de Ética Judicial, se establece que la honestidad es indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y contribuir al prestigio del Órgano Judicial. De acuerdo con este principio, los magistrados deben evitar cualquier conducta que pueda generar dudas sobre su imparcialidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Prohibición de beneficios injustificados 

La campaña también pone énfasis en la prohibición de que jueces y juezas reciban beneficios fuera de los que les corresponden por derecho. En este sentido, el Código de Ética Judicial prohíbe expresamente que los magistrados se apropien o hagan un uso indebido de los recursos destinados al cumplimiento de su labor. 

Esta medida tiene como objetivo asegurar que las decisiones judiciales sean tomadas sin influencias externas o incentivos personales, garantizando así la justicia imparcial.

Transparencia en el ejercicio del cargo

La integridad de los jueces y juezas se extiende a su comportamiento en el ejercicio de su cargo, buscando siempre que no exista ni la más mínima interpretación de que se aprovechan ilegítimamente de la posición que ocupan. 

Los magistrados deben actuar de tal forma que ningún observador razonable pueda pensar que se benefician de manera irregular de las personas o los bienes bajo su administración.

Esta campaña informativa resalta, según la Corte Suprema, su interés en el buen accionar del sistema judicial para actuar con transparencia, justicia y sin corrupción, en un esfuerzo por consolidar un Órgano que sea modelo de honestidad e integridad.