Comisión Financiera comienza estudio de Ley de Insolvencia

La Comisión Financiera comenzó con el estudio de la Ley de Insolvencia presentada por el Grupo Parlamentario del FMLN. La normativa regularía el procedimiento administrativo de renegociación de deudas, suspensión de pagos, así como la protección administrativa y judicial de las personas naturales, asalariados, micros y pequeños comerciantes o de servicios, que se encuentren en insolvencia.

La propuesta explica que la iniciativa deviene por la insuficiencia de legislación en la trata de la insolvencia de las personas naturales y se busca garantizarles un justo, adecuado y transparente tratamiento de estos procesos, así evitar el espiral de deuda en que caen los salvadoreños que experimentan afectaciones patrimoniales causadas, entre otras cosas, por la crisis económica.

“La propuesta de ley va acorde a la situación crítica que viven las familias salvadoreñas en este momento de crisis y recesión económica producto del mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, que ha provocado la pérdida de empleos y cierre de empresas”, comentó Yanci Urbina.

Se establece que las personas o entidades que enfrentan una situación de insolvencia temporal puedan tener como primera instancia la opción administrativa para resolver su situación de pago, y no recurrir a la parte judicial como pasa en algunos casos. Mediante  este mecanismo administrativo las persona podrán optar a una reestructuración y consolidación de deudas con sus acreedores, facilidades de pago de la deuda, periodos de gracias, exoneración de recargos y comisiones, entre otros, detalla la legisladora, señalaron las diputadas.

El anteproyecto contiene un total de 47 artículos, en los cuales se define como sujetos a las personas naturales en situación de insolvencia y toda clase de acreedores, ya sean personas naturales o jurídicas, instituciones del sistema financiero, establecimientos comerciales, comerciantes de bienes y servicios, y en general, a cualquier sujeto o entidad que preste dinero, ya sean supervisados y no supervisados, que otorguen préstamos o apertura de créditos y cualquier otra forma equivalente de financiación.

Se plantea la creación de una Unidad de Conciliación  de Insolvencia que se encargaría de velar por el cumplimiento de los beneficios y parámetros establecidos en la normativa. La misma estaría bajo la coordinación de la Defensoría del Consumidor.