Legal
Comisión aprueba normativa para agilizar permisos de construcción
La nueva normativa busca modernizar el sistema de otorgamiento de permisos y promover el desarrollo de ciudades inclusivas y sostenibles
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa ha dictaminado a favor de la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
Esta nueva propuesta legislativa tiene como objetivo actualizar el modelo de otorgamiento de permisos de construcción y lotificaciones en El Salvador, con el fin de reducir los tiempos de tramitación, facilitar la inversión y promover el desarrollo de ciudades prósperas, resilientes e inclusivas.
La DOT será una institución autónoma, con personalidad jurídica y autonomía financiera y administrativa. Tendrá su sede en San Salvador, con la posibilidad de abrir oficinas en todo el país. La DOT se relacionará con el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y será responsable de la autorización de permisos de construcción, lotificaciones y la formulación de políticas nacionales de ordenamiento territorial.
El sistema actual de permisos de construcción en El Salvador es considerado obsoleto, con competencias dispersas en varias instituciones, lo que genera obstáculos burocráticos para la inversión. La DOT centralizará estas competencias, armonizando los intereses del Estado y agilizando los trámites, reduciendo significativamente los tiempos de autorización para proyectos de construcción y lotificación.
Atribuciones y estructura de la DOT
Entre las atribuciones de la DOT se incluyen:
- Autorización de permisos de construcción y lotificaciones.
- Formulación de políticas nacionales de ordenamiento territorial.
- Elaboración del mapa de uso del suelo.
- Administración de oficinas y sistemas de información.
- Emisión de regulaciones internas.
- Promoción de la cooperación nacional e internacional.
La estructura organizativa de la DOT estará encabezada por un Consejo Directivo, integrado por representantes de diversos ministerios y entidades, que será la máxima autoridad de la institución. Este Consejo coordinará y regulará las actividades de la DOT para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y funciones.
El patrimonio de la DOT estará compuesto por transferencias del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios prestados, donaciones y otros recursos financieros. La ley permite que la DOT establezca tarifas por sus servicios y celebre convenios para ofrecer diferentes modalidades de prestación de servicios.
La ley contempla la creación de un sistema centralizado de administración y autorización de permisos, que integrará dimensiones medioambientales, culturales y de seguridad. Esto garantizará un enfoque integral para el desarrollo urbano, facilitando la creación de ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles.
Con la entrada en vigor de esta normativa, se derogará la Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción, modernizando el marco legal y simplificando los procedimientos que antes estaban fragmentados en diversas instituciones.